Tratando de desmontar la legislación ambiental. 

 Cristina Álvarez Baquerizo*- EFE Verde- 15 de enero de 2015.

Las reformas de las leyes ambientales abordadas en los últimos tres años están suponiendo el desmontaje del sistema jurídico de protección ambiental tan laboriosamente construido desde los años ochenta. Respetar la Ley no es solo cumplirla, es también no modificarla si no es por razones tan poderosas como las que determinaron su promulgación.

El Exministro Arias Cañete, hace ya tres largos años, nos anunció en el Parlamento, por sorpresa y sin aviso previo, pero con su simpatía y desenfado habitual que se proponía “reformar la práctica totalidad de la legislación ambiental española”.

Transcurrido este tiempo, podemos decir en justicia que fue un hombre de palabra.

En estos, insisto, tres larguísimos años, se nos han modificado absolutamente todas las normas legales que trataban de proteger el medio ambiente y la naturaleza y que no dependían directamente del Derecho Comunitario (y estas ultimas, simplemente, porque no se puede desde un solo estado, ¡pero están en ello!).

Hay que decir que todas las normas reformadas lo han sido de manera bastante coherente porque comparten muchos elementos de “estilo“común, como los siguientes: en todas ha retrocedido el grado de protección que otorgaban al medio ambiente. De todas ellas se han extraído o reducido al mínimo, los instrumentos de participación pública. Todas generarán, de nuevo, problemas competenciales, cuando ya parecían resueltos de una santa vez. Se ha renunciado a intentar la aplicación de un conjunto jurídico coherente y se ha premiado a los infractores, colocando a su nivel las exigencias legales devaluadas. Y sobre todo, en todas las reformas, intereses privados se han impuesto al interés general.

 Dura cuestión, esta del “interés general”. Muy discutible, desde el punto de vista político y moral. Mucho menos discutible, sin embargo, desde el punto de vista legal. El medio ambiente es un interés general, y además prevalente, según han declarado repetidamente nuestros más altos Tribunales. Pero esa prevalencia se fuerza, se vulnera o directamente se ignora en este lamentable proceso reformista, más propio de políticos verdaderamente antisistema. Antisistema, si, puesto que es un Sistema lo que se está desmontando. El que desde los años ochenta, en este Reino, trataba esforzadamente de construirse para contar con una legislación ambiental decente y unos sistemas de control de su cumplimiento, mas o menos dignos.

 Un sistema que ya comenzaba a contar con jurisprudencia consolidada, fruto de la labor dificultosa de unos tribunales siempre carentes de apoyo y recursos y que ahora habrán de volver a comenzar una buena parte de su tarea.

 La Ley de Costas de 1988 ha sido reformada. Quienes antes, después y durante la burbuja urbanística se aprovecharon de la corrupción imperante y del descontrol de la administración local y urbanizaron u ocuparon el litoral no enfrentaran las demoliciones previstas sino que renovaran sus concesiones ad infinitum. Ciento veinticinco mil edificaciones.

 La Ley de Parques Nacionales de 2007 ha sido reformada. El régimen de protección de los Parques no se aplicará, en virtud de la disposición adicional séptima de la nueva Ley, cuando a los propietarios privados no les parezca bien. Se puede explicar de un modo más profesional, pero se trata de eso, en síntesis.

 La Ley de Montes de 2006 ha sido reformada. Si resulta aprobado el Anteproyecto, se podrá construir en terrenos incendiados. Además, un montón de montes privados no necesitarán planes de gestión para explotarlos.

 Ahora se pretende también la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. En el Documento que se ha divulgado, las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, podrán ver su régimen de protección eliminado (me refiero a la prohibición decapturar, poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, etc.) si la administración juzga (sin mas detalle) que ello “podría ser beneficioso para su conservación”. Y según el nuevo articulo 60, TODO el régimen de protección podrá ser objeto de excepción en caso de “perjuicio importante a cualquier forma de propiedad”.

 Además, en las demás Leyes se ha hecho lo que se ha podido. Algunos ejemplos: según la nueva legislación de Evaluación de Impacto Ambiental, los estudios ya no necesitan contener referencias a la aceptación o rechazo social de las actividades a emprender, ni a ningún aspecto social afectado por el plan o proyecto. Se explica (mas o menos “Off the record”) que, “bueno, en realidad nadie lo hacía”. La nueva Ley de Responsabilidad Ambiental convierte el análisis de riesgo y las cauciones correspondientes en un Sudoku que con suerte veremos funcionar en algunas décadas. Y no seria mi intención parecer en extremo sarcástica si, descendiendo al nivel autonómico me refiero a las clases de caza subvencionadas para niños, o de la autorización de Castilla La Mancha para cazar perros y gatos abandonados. A tiros, si, y legalmente. Sin complejos.

 Si bien hay que tener en cuenta que la mayoría de los ciudadanos interesados en estos asuntos hemos estado, digamos, ocupadillos con otros temas en estos años, lo cierto es que seria deseable ver un mayor interés cívico por la defensa de nuestros instrumentos legales. Después de todo, y pese a los Antisistema, las leyes son útiles, defienden a los débiles frente a los fuertes, o al menos, para eso se inventaron. Y las vamos a necesitar, en cuanto escampe, para tratar de construir un futuro mas sano, mas prospero y mas feliz para la mayoría, que es de lo que se trataba.

*Cristina Álvarez Baquerizo. Abogada especializada en protección del medio ambiente desde 1982, ha trabajado profesionalmente para Greenpeace, Adena/WWF y SEO/Birdlife, entre otras entidades de Conservación de la Naturaleza. Desde 1996 hasta 2007 ha sido Directora de la Oficina española del Instituto para la Política Ambiental europea (IPAE). En la actualidad se dedica al ejercicio libre de la abogacía en temas de protección ambiental para entidades cívicas y conservacionistas