sábado, 26 de junio de 2010

La Religión es el problema
Libertad religiosa y educación
JAVIER PÉREZ ROYO-EL PAÍS- 26/06/2010


Afortunadamente, existe un Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que todos los Estados signatarios del Convenio se encuentran en posición de estricta igualdad, en la medida en que cada uno de ellos designa un juez. Afortunadamente, el juez del Estado denunciado ante el Tribunal forma parte siempre de la Sala que tiene que dictar sentencia, de tal manera que la defensa del Estado tiene una suerte de doble garantía: la que le proporciona su servicio jurídico con las alegaciones que estime pertinentes y la de que el juez por él designado va a participar en las deliberaciones y en el fallo del Tribunal. Ningún Estado puede ser condenado no solo sin ser oído, sino, además, sin que el juez por él designado pueda responder a todas las cuestiones que puedan plantearle los demás jueces en la deliberación interna del Tribunal antes de dictar sentencia.
La imposición del crucifijo en las aulas
no es compatible con los derechos de una sociedad
democrática
En estas condiciones el TEDH decidió en noviembre de 2009 que el Estado italiano había vulnerado el Convenio al imponer que el crucifijo estuviera presente en las aulas de las escuelas e institutos del país. La sentencia fue dictada por unanimidad y con una fundamentación jurídica muy contundente: "El Tribunal no ve cómo la exposición en las aulas de las escuelas públicas de un símbolo que es razonable asociar al catolicismo (religión mayoritaria en Italia) podría contribuir al pluralismo educativo esencial para preservar una 'sociedad democrática', tal y como la concibe el Convenio" (FJ 56).
La imposición de los crucifijos en las aulas no solamente vulnera el derecho a la libertad religiosa, en su vertiente negativa, de los alumnos y de sus padres que no comparten esa religión, sino que además no es compatible con la función que debe cumplir el derecho a la educación en la preservación de una "sociedad democrática", que exige como premisa la existencia real y efectiva de un pluralismo educativo.
El próximo día 30 se inicia en la Gran Sala del TEDH el debate para resolver el recurso interpuesto por el Estado italiano contra la sentencia de noviembre del año pasado. En dicho recurso el Estado italiano es apoyado por 22 conferencias episcopales nacionales, entre las que se cuenta la conferencia española.
Nada que objetar. Tanto el Estado italiano como las conferencias episcopales tienen derecho a interponer el recurso el primero y a hacerse oír por el Tribunal las segundas.
Lo que sí cabe esperar es que, una vez que el TEDH haya resuelto el recurso, la sentencia sea aceptada y no se intente torpedear su aplicación. En unas semanas vamos a tener definidas a escala europea las relaciones entre la libertad religiosa y el derecho a la educación y las obligaciones que para los Estados signatarios del Convenio se derivan de dichas relaciones. Para todos y no solamente para Italia.
Obviamente, me estoy refiriendo a la obligación de los Estados de aceptar la decisión del TEDH y de no torpedear su aplicación, ya que las conferencias episcopales no tienen por qué verse obligadas por la decisión del Tribunal. Las Constituciones de los distintos países y el propio Convenio les reconoce el derecho a mantener públicamente su discrepancia respecto de la decisión del TEDH e incluso a poner en práctica estrategias para intentar conseguir que esa decisión pueda ser revisada en el futuro. Si las conferencias episcopales consideran que la prohibición del crucifijo es un "suicidio cultural" y que supone la "desertización de la vida pública", como ha dicho el portavoz de la Conferencia española, Juan Antonio Martínez Camino, están en su derecho de decirlo y de actuar en consecuencia.
Dicho de otra manera: las conferencias episcopales son libres de aceptar o no la jurisprudencia del TEDH, pero los Estados no. Los Estados sí tienen que garantizar el cumplimiento de la sentencia y hacer real y efectivo el ejercicio del derecho a la educación sin vulneración del derecho a la libertad religiosa de todos los ciudadanos, entre otras cosas porque ese ejercicio del derecho a la educación es el presupuesto para la preservación de una "sociedad democrática", en los términos en que es definida por el Convenio de Roma de 1950 y por la propia Constitución española en el Preámbulo.
Estoy seguro de que las distintas conferencias episcopales van a seguir siendo coherentes en el cumplimiento de lo que entienden que es su obligación. Me gustaría estar seguro de que los poderes públicos serán exactamente igual de coherentes en el cumplimiento de la obligación que se desprenda de la decisión que adopte el TEDH. Que los gobernantes democráticos sean tan coherentes como los obispos. Con esto sería suficiente. Veremos.

Las lealtades de Antonio Gutiérrez
* Amalia Álvarez -NUEVATRIBUNA.ES - 23.6.2010
Ayer Antonio Gutiérrez hizo un ejercicio de coherencia y lealtad consigo mismo, un gesto que debería ser respetado. Penalizarle por esto sería empobrecer la democracia.
“La lealtad al grupo que le ha acogido es obligada”. Es una frase que induce a la reflexión, especialmente por la persona que la ha pronunciado, el portavoz parlamentario del grupo socialista, y por la persona a la que va dirigida, el diputado socialista Antonio Gutiérrez, después de que este anunciara “una discrepancia puntual muy importante” que le llevaría a abstenerse en la votación sobre la reforma laboral el día 22 de junio de 2010.
En el momento de escribir estas líneas no se cual será el alcance real de la frase. Pero el tono es cuanto menos sorprendente ¿Quiere esto decir que cuando alguien es acogido por un grupo está obligado a aceptar cualquier cosa, a defender una determinada línea política y la contraria, aún cuando se produzcan cambios bruscos de pensamiento y actuación? Creo que no. Dudo de que sea esto lo que ha querido decir el portavoz del grupo parlamentario socialista José Antonio Alonso, que es un demócrata convencido e ilustrado, que sabe perfectamente que el diputado al que va dirigida esa frase siempre ha estado comprometido con los derechos de los trabajadores y que recaló en el grupo socialista con un amplio bagaje de lucha, compromiso y lealtades con la democracia y con los trabajadores.
Puede que el grupo parlamentario socialista sancione a Antonio Gutiérrez de manera simbólica, o puede hacerlo de manera menos simbólica. Si el grupo socialista decide que es más importante la lealtad al grupo que la lealtad a las ideas ¡allá ellos y sus razones! Pero habrán perdido mucho más que un buen diputado.
No estamos sobrados de cabezas pensantes en la izquierda de este país. Y ayer Antonio Gutiérrez hizo un ejercicio de coherencia y lealtad consigo mismo, un gesto que debería ser respetado. Penalizarle por esto sería empobrecer la democracia y desaprovechar un caudal de experiencia y conocimiento que puede ser muy útil para el grupo parlamentario socialista, para el Gobierno y para el país.
Amalia Álvarez - Escritora

miércoles, 23 de junio de 2010


La Religión es el problema.
La Iglesia cabalga de nuevo
PEDRO LÓPEZ LÓPEZ-Publico-22 Jun 2010

Fiel a su inveterada lógica smittiana amigo/enemigo, la Iglesia católica no ha podido ni siquiera dejar pasar unos días para atacar furibundamente al premio Nobel José Saramago, uno de los intelectuales más lúcidos, honestos y consecuentes de las últimas décadas. En su enfermiza inquina contra los que no comparten sus creencias, la Iglesia carga contra cualquiera que cuestione sus postulados, y más aún si recurre al humor para ello. El alucinante caso de la fianza de 192.000 euros impuesta al cantante Javier Krahe a partir de una querella fundamentada en el artículo 525 del Código Penal (CP), que castiga a quienes ofendan “los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”, colma el vaso de la paciencia de los que no compartimos los sentimientos católicos. Dicho artículo dice literalmente:
1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.
2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.El buen o mal gusto del corto elaborado por Krahe en 1978 (ya aquí empieza uno a alucinar: este delito no prescribe, mientras que el genocidio franquista parece ser, para este sector ideológico, que está más que prescrito, tratándose de crímenes contra la humanidad que el derecho internacional define como imprescriptibles… pero, bueno, pelillos a la mar) no parece que sea materia de delito.
Si lo fuera, habría que despedirse del humor, que forma parte de la legítima crítica que se ampara bajo la libertad de expresión. Así que vamos a reflexionar sobre cómo es que aquí la Iglesia ve un delito tan grave, mientras que no lo hay ante las graves ofensas que continuamente, y sin el más mínimo sentido del humor, profiere contra laicos y ateos. El punto 2 del artículo 525 del CP parece establecer que tan punible es la ofensa a quien profesa una religión como a quien no profesa ninguna. ¿Por qué la Iglesia está blindada con la impunidad y se cree con derecho a ofender continuamente a los que no tienen creencias religiosas?
El artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los tratados con más fuerza jurídica del Derecho internacional de los derechos humanos, dice: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. Como no sabemos si España camina con paso firme hacia la autarquía jurídica, dada la feroz persecución del juez Garzón por su intención de investigar los crímenes del franquismo de acuerdo al Derecho internacional de derechos humanos –a lo que nos obliga la propia Constitución española–, tampoco podemos saber cuánto va a durar la impunidad de las autoridades católicas para ofender a los que no tenemos creencias religiosas. Pero el caso es que no es difícil encontrar declaraciones de miembros de la jerarquía católica ofendiendo gravemente los sentimientos de los defensores del laicismo, que los tienen en no menor medida que los católicos.Pero, como acudir al Derecho internacional se ha vuelto tan espinoso, miremos qué dice el art. 515 de nuestro CP: “Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: […] 5º. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello”. Es difícil, leyendo este artículo, olvidar las barbaridades que hemos oído a altos representantes de la Iglesia sobre lo que es para ellos el laicismo y el ateísmo, en lo que se han extendido largamente en relación con el, llamémosle, debate sobre el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
En 2008, el cardenal Rouco Varela relacionaba el laicismo con el nazismo. En 2006, el cardenal Cañizares tachaba la Educación para la Ciudadanía de “amenaza social”. La campaña contra el laicismo “radical”, un concepto artificial para demonizar al laicismo y presentarlo como antirreligioso, ha utilizado todo tipo de artimañas retóricas para apartar a los creyentes de la verdadera idea del laicismo, que lo único que defiende es la ausencia de coacción para creer o no creer, es decir, la libertad religiosa para que nadie se sienta perseguido. Ello acompañado de la idea de que los poderes públicos deben ser neutrales en materia religiosa. Hablar de “ofensiva laicista” o de “expulsar a Dios de la sociedad” son expresiones manipuladoras dirigidas a alimentar la hostilidad hacia una corriente de pensamiento que no tiene nada en contra de la religión, sino que, por el contrario, defiende el respeto hacia todas las creencias religiosas, así como a la falta de ellas. Entre estos excesos verbales nada inocentes hemos oído que el laicismo y la Educación para la Ciudadanía (de inspiración laica) significan la disolución de los valores morales, la colaboración con el Mal, la destrucción de España… ¿No es esto promover el odio ideológico o por razones de creencia? ¿Acaso los principios morales de una persona laica o atea no son tan elevados como los de una persona religiosa? ¿Por qué se deja que estos señores, que deberían ser tan piadosos según sus valores, sigan fomentando el odio hacia quienes no comparten sus creencias?
Después del espectáculo que España está dando respecto a la posible investigación de los crímenes del franquismo, con casos como este que ahora surge, a la Justicia española le va a costar explicarse ante el resto del mundo civilizado.
Pedro López López es sociólogo. Profesor titular de la Universidad Complutense

martes, 22 de junio de 2010


Será más fácil despedir que flexibilizar
ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA-EL PAIS- 22/06/2010

En cuanto asoman las crisis proliferan más las ocurrencias que las ideas. Recurrentes ocurrencias sobre nuevas reformas laborales que lo único que renuevan, con contumacia, es la degradación del trabajo. Porque, como la energía en el primer principio de la termodinámica, el empleo ni se crea ni se destruye con las normas laborales, si acaso inducen su transformación y si es para hacerlo más endeble, facilitarán también su precaria creación en épocas de bonanza y su masiva destrucción a las primeras de cambio (del ciclo económico).
El borrador de reforma era
equilibrado; el decreto aprobado es un desaguisado que abarata todos los despidos
La organización del trabajo en una economía es el corolario de su estructura productiva y no al revés. El fordismo no surgió en la agricultura norteamericana durante su expansión al Oeste sino en las fábricas de automóviles y a raíz de que Henry Ford decidiera fabricarlos en serie.
A su vez, la inversión productiva es la que genera los empleos adecuados a los bienes y/o servicios que se vayan a producir y los demanda en la cantidad necesaria para optimizar el capital invertido. Una industria tecnológica requerirá empleos cualificados y una subcontrata de construcción sería ruinosa si nutriese su plantilla a base de arquitectos. La primera mantendrá a sus técnicos por bastante tiempo, porque los desarrollos de su producción necesitarán un buen periodo hasta abrirse hueco en el mercado; la segunda ocupará al grueso de sus empleados mientras dure la obra. Posiblemente esta obtendrá beneficios más rápidamente que aquélla, pero la productividad por hora trabajada, la generación de valor añadido, la competitividad en los mercados nacional e internacional y los mayores beneficios a la postre, aunque se hagan esperar un poco más, serán más plausibles en la industria que en la subcontrata; y contribuirá a la generación de riqueza en el país, más solvente y más sostenible en todos los órdenes.
La confusión entre ganar competitividad en un mundo cambiante y acumular beneficios abundantes, con la mínima inversión y en poco tiempo, como manda la más pura tradición del capitalismo español, ha latido siempre tras las innumerables reformas laborales habidas desde antes incluso de aprobarse el Estatuto de los Trabajadores. En su reforma parcial -y brutal- de 1985 se consagraron hasta ¡16! modalidades de contratación temporal aunque las tareas a desarrollar fueran permanentes. "Los empleos temporales de hoy serán los fijos de mañana", nos espetó el presidente del Gobierno de entonces a cuantos osamos advertirle del destrozo en el mercado laboral que iba a comportar su reforma sustituyendo fijos por eventuales.
En apenas tres años pasamos de tener una tasa de temporalidad del 13% al 30% y en esa dualidad seguimos veinticinco años después. Y no porque se dejaran de hacer reformas, sino precisamente porque se han hecho muchas más al menor bache de la economía pero siempre con el mismo interés de abaratar el factor trabajo como vía principal para recomponer la tasa de beneficio. Reformas, paradójicamente, para mantener el mismo patrón de crecimiento y competitividad. Eso sí es alimentar el inmovilismo frente a la globalización.
Al menos fueron tres los momentos decisivos para modernizar la estructura productiva de nuestro país que se desaprovecharon con otras tantas reformas lampedusianas: a principios de los ochenta con la impropiamente llamada reconversión industrial; al ingreso en las Comunidades Europeas, "preparada" con la precarización laboral de 1985; en la fase de convergencia hacia la Unión Monetaria con Gobiernos del PP que cebaron la burbuja inmobiliaria y arruinaron la reforma pactada en el 97 entre patronal y sindicatos para conjugar, por primera y única vez, flexibilidad y estabilidad laboral. Ahora puede anotarse el cuarto, cuando el inteligente e inapelable empeño del Gobierno socialista de alentar la Economía Sostenible está a punto de abortarse con la reforma aprobada en su Consejo de Ministros el 16 de junio.
Inexplicablemente, el proyecto de reforma sufrió una metamorfosis asombrosa entre el primer borrador, más equilibrado, del viernes 11, y el decreto aprobado tres días después, quedando un desaguisado que abarata todos los despidos, que subvencionados podrán saldarse con 12 días de indemnización para los objetivos y los facilitará con tan solo alegar "situación económica negativa" de la empresa, sin que haya incurrido en pérdidas y sin necesidad siquiera de aportar acreditaciones fehacientes; limitando al mismo tiempo a los jueces a basarse en la "mínima razonabilidad" para que tengan que sentenciar con manga ancha a favor del empresario.
Sin embargo, puede costar 20 días por año trabajado y hasta nueve mensualidades indemnizar a un trabajador si se despide al reorganizar el trabajo en la empresa para adaptarlo con más flexibilidad a nuevas circunstancias de la producción. Algunos cambios de última hora trastocarán la negociación colectiva en lugar de racionalizarla y otros apenas servirán para reducir la temporalidad.
Jalear a un gobernante con los tópicos sobre la estatura política para que impongan medidas difíciles aunque sean duras suele ser una argucia embaucadora, acuñada por las derechas para confundir a Gobiernos de izquierdas, que no pocas veces se la han tragado. Lo difícil es gobernar con justicia, lo fácil es hacerlo injustamente; y es comprensible que no queriendo admitir que se es injusto se utilice el eufemismo de la dureza. Duro es decirle a ciertos grupos de presión que ya no puede ni debe esperarse que el Gobierno de un país avanzado ampare y subvencione viejas formas de producir por mucho que ganen algunos con ellas a costa del empleo y del progreso industrial del país; difícil es encauzar el emplazamiento a empresarios y trabajadores para mirar de frente al futuro que hace más de un decenio que está pasando por delante de nuestras narices.
Antonio Gutiérrez es diputado del PSOE, presidente de la Comisión de Economía del Congreso y ex secretario general de Comisiones Obreras