lunes, 8 de junio de 2009

REFLEXIONES DEL PASIEGO.

El desarrollo de la Ley de Dependencia en Cantabria, una aproximación crítica.

José Manuel Marañón.

Llevamos más de 2 años desde la aparición en el BOE de La Ley de Dependencia que levantó grandes expectativas en la población que podía ser considerada como sujeto de derecho y en su entorno familiar y social. Se marcaron unos plazos de aplicación y estamos en la fase en la que se tenían que completar las prestaciones para los grados II y III de dependencia.
La ciudadanía se enfrenta estos últimos meses a un rifirrafe político con acusaciones cruzadas. En Cantabria, la oposición denuncia incumplimientos en los que tiene razón, probablemente, pero quizás habría que recordarles que en el período 1996-2004 desperdiciaron la enorme oportunidad de promulgar una ley que avanza tan sustancialmente en los derechos sociales. Por su parte, el Gobierno, también con razón, dice que Cantabria está a la cabeza en grado de aplicación y desarrollo de la Ley, ranking en cuya cola se sitúan Comunidades Autónomas gobernadas por el partido político de la oposición en Cantabria.


Pero, desde CC OO, que saludamos como un enorme avance esta Ley, no podemos por menos que poner encima de la mesa algunas preocupaciones que tenemos en el antedicho desarrollo de la Ley. Preocupaciones que, sucintamente, quiero desgranar a continuación.
En primer lugar, tenemos que decir que, según la encuesta del INE de 2008, en Cantabria había 37500 personas con alguna discapacidad, de las cuáles el 74% tienen dificultades para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Por lo tanto, diremos que 27750 personas en Cantabria pueden ser sujeto del derecho que reconoce la Ley.
En Cantabria se habían cursado, hasta 1de mayo de 2009, 15441 solicitudes, habiéndose realizado hasta el momento 15276 dictámenes. El primer interrogante que tenemos que plantear es qué pasa con el desfase de más de 12000 personas entre las solicitudes hechas y las personas que según la encuesta del INE tienen dificultades con las AVBD. Puede que esas dificultades sean leves y estén esperando que a partir de 2011 puedan tener las correspondientes prestaciones según el calendario de aplicación de la ley o puede que los canales de detección de problemas y de información de derechos por parte de las administraciones no sean lo suficientemente eficientes. Y un último interrogante en este campo puede ser si en esta bolsa de 12000 personas tiene un peso importante el grupo de ciudadanos/as con fuerte riesgo de exclusión social.

En segundo lugar, tenemos que hablar de las prestaciones puestas ya en marcha. CC OO apoyó la Ley, en primer lugar, porque consideraba un avance sustancial para las personas sujetos del derecho y, también, porque podía ser la oportunidad para la creación de una red de centros públicos de atención a la dependencia y de un importante yacimiento de creación de empleo. Para nosotros la ayuda directa al cuidador que, por cierto, es la menos onerosa para la administración, debiera ser una medida subalterna.
En Cantabria, a 1 de mayo, 11483 personas tenían reconocido el derecho a la prestación. Por otra parte, 2340 tienen reconocido el Grado I con el derecho a prestación a partir de 2011 e incluso nos encontramos con 1453 personas a las que nos se les ha reconocido ningún grado de dependencia a pesar de haberlo solicitado.
Pero de esas casi 12000 personas con el derecho reconocido, solo 7840 reciban la prestación de manera efectiva. Y sin nos atenemos a las prestaciones reconocidas, diremos que 373 personas reciben teleasistencia, 653 tienen plaza en centros de día, 2262 reciben atención residencial y 4550 reciben la prestación de pago directo a cuidador/a. Por lo tanto, nos cabe un primer interrogante y una primera afirmación. El interrogante es cuando se va a comenzar a prestar la prestación, valga la redundancia, a esas casi 3000 personas que no la reciben a pesar de tener reconocido el derecho. Y la afirmación es que la medida que desde CC OO considerábamos subsidiaria, el pago al cuidador/a, se ha convertido en la principal. En Cantabria significa el 58% del total de las prestaciones.

Quedan algunas interrogantes más que van desde el nº de centros públicos de atención a la dependencia que se han construido desde principios de 2007 hasta el nº de empleos creados pasando por el incremento del nº de plazas concertadas con las entidades privadas.
Algunas consideraciones para estos interrogantes. Desde CC OO entendemos que cuando hablamos de obras públicas no solamente hay que referirse a las grandes infraestructuras del transporte, sino que en ellas, como es obvio, se incluyen todas aquellas que están destinadas a la mejora del servicio sanitario, educativo o de dependencia, es más, esto genera más empleo que lo otro. Y en cuanto a la creación de empleo en este sector, tiene que ir acompañada por ambiciosos planes de formación de los profesionales dedicados a estas tareas de atención.

Una referencia obligada al tejido asociativo que a lo largo de las tres últimas décadas ha sostenido la atención a las personas dependientes. Si se debe concertar con entidades privadas, estas asociaciones deben de tener prioridad absoluta, puesto que sería un desperdicio social desaprovechar su experiencia. En septiembre de 2008 se publica la orden reguladora de los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados pero quedan pendientes otras normas legislativas y, entre ellas, la cartera de servicios, fundamental para dotar de financiación al sistema y que es clave para que estas asociaciones no se asfixien económicamente y para que estén en condiciones de prestar un buen servicio con profesionales con unas condiciones laborales que son manifiestamente mejorables en relación con las actuales.

En resumidas cuentas, desde CC OO pedimos menos discursos de trazo grueso y más respuestas concretas para los numerosos interrogantes que están sobre la mesa. Una última coletilla. Ni la política de ingresos fiscales del gobierno ni mucho menos la que a voces pide la oposición puede garantizar la suficiencia financiera necesaria para un buen desarrollo de esta Ley.