jueves, 20 de octubre de 2011

China: crecimiento económico y costes sociales.

J.Manuel Marañón G.

Cuándo hablamos de China estamos acostumbrados a hablar de cuestiones como un crecimiento económico sostenido de dos dígitos, una enorme capacidad de exportación de productos baratos y, últimamente, la compra de deuda soberana de los países desarrollados. Muy en segundo  plano, se habla de la represión de la disidencia y de los problemas laborales, sociales o medioambienteles. Todo ello muy en relación con los intereses de  las grandes multinacionales estadounidenses y europeas con fuertes inversiones en el gigante asiático.
El crecimiento económico no ha conseguido que los  campesinos/as y gran parte los trabajadores/as dejen de estar en la pobreza o por debajo de la media. La mano de obra barata origina los precios bajos con los cuales los productos chinos se han abierto paso en los mercados mundiales atrayendo, en consecuencia, enormes inyecciones de inversión extranjera. Los bajos salarios en China son ya proverbiales, pues el Estado y los empresarios locales y foráneos aprovechan la ingente cantidad de mano de obra barata disponible.
En la famosa Delta de Perles, en la provincia de Guangdong entre Shenzen y Cantón, región de arrozales transformado en diez años en primer centro manufacturero del planeta, los salarios, por tanto considerados entre los mejores de China, ascienden a 100 euros por mes y los trabajadores/as no tienen más que 9 días de vacaciones por año. Muchos de ellos utilizan estas vacaciones para hacer la única visita anual a sus hijos/as a los que han dejado con los abuelos/as en las regiones rurales del occidente chino, empleando el 50% de esos días de vacaciones en el trayecto de ida y vuelta.
Incluso, algunos empresarios han tenido que conceder aumentos salariales mínimos para paliar los brutales efectos de penosas condiciones laborales en China. Tal es el caso de la empresa Foxconn Technology, que provee de manufacturas a empresas multinacionales como Hewlett-Packard, Dell y Apple y que aumentó en junio del año pasado los salarios para reducir la tasa de suicidios entre los trabajadores.
También, los empresarios han aumentado los salarios en algunas regiones de China a fin de evitar la migración masiva a otras regiones con salarios más altos. No obstante, esta medida, lejos de beneficiar a los trabajadores/as los arroja a una espiral inflacionaria de precios y sueldos. El empobrecimiento de los trabajadores/as en China es evidente, por ejemplo, para el año 2009, las familias de más bajos ingresos (el 10% inferior) poseían menos de 2% de los activos del país, mientras que las familias de mayores ingresos (el 10% superior) poseían más del 40% de los activos totales.
El despojo de los campesinos pobres en las zonas rurales se experimenta a gran escala instrumentado por el Estado chino a fin de que esas tierras enajenadas pasan a manos de las compañías constructoras. Se calcula que alrededor de cien millones de campesinos chinos han perdido sus tierras, de manera parcial o completa, en los últimos quince años, muchas veces sin ninguna compensación o pagados a precios ínfimos. Es de notar que de entre las cincuenta personas más ricas de China más de la mitad ha hecho su fortuna en negocios de bienes raíces.
Hagamos, también una referencia a algunos servicios básicos.
En el año 2008 la red de transportes china mostró su ineficacia cuando por las fuertes nevadas las carreteras quedaron bloqueadas, el carbón no llegó a las centrales y muchas fábricas tuvieron que detener su producción por varios días.
Las condiciones sanitarias son deficientes. Sin seguro médico, con hospitales que hacen prevalecer el régimen de servicios pagados para poder seguir en actividad, hay amplias capas de la población excluidas de lo que, en España, consideraríamos, un estado de salud mínimamente aceptable. Las hepatitis B y C afectan a más de 200 millones de chinos; de uno a dos millones de entre ellos son seropositivos y de aquí a seis años se prevé que lo serán 15 millones. 550 millones de personas están infectadas de tuberculosis con un promedio de 200.000 decesos por año.
A nivel alimentario el caos de la política económica del estado chino hace bajar peligrosamente las reservas de cereal y desorganiza totalmente la agricultura mientras que los campos se secan. La utilización intensiva de pesticidas amenaza 80 millones de hectáreas (más de 130 millones cultivables) con la desertificación. Todo esto no puede más que favorecer futuras penurias con consecuencias catastróficas.
Por otra parte, China invierte muy pocos recursos en la educación pública, en concreto
solo invierte el 2,4% de su PBI en la educación pública, recursos inferiores a los de varias naciones en desarrollo y la mitad que los de EE UU.  El promedio mundial de gastos en educación pública fue del 80% del gasto total de la nación; los países desarrollados invirtieron el 86%  y los países en desarrollo el 75%. Sin embargo, China gastó en educación pública solo el 46% del gasto total, mucho más bajo que el promedio de los países en desarrollo.
Por otra parte, el gasto individual en educación, comparado con otros países, no solamente es superior al promedio mundial sino que también es más alto que el registrado en muchos de los países desarrollados. los gastos en educación se convirtieron en una gran carga para las familias chinas.  En base a ello, la principal consecuencia de la falta de apoyo del régimen a la educación, es la desigualdad.   
Y finalmente, vamos a dedicar un poco de atención al deterioro del medio ambiente, comenzando por el problema del agua, comenzando por el hecho de que muchos ríos no pueden desembocar en el océano, como lo hacían antes, ya que el volumen del agua ha bajado drásticamente. El río Amarillo, el segundo más largo de China, dejó de aportar agua al océano desde principios de los setenta hasta finales de los noventa. Sólo en China, cerca de 1.000 lagos interiores se han secado en los últimos cincuenta años. En la actualidad, el desierto ha ocupado o está invadiendo áreas que habían sido lagos interiores o ríos. El entorno biológico está empeorando en la mayoría de deltas debido a la falta de agua dulce que verter en el océano, y la degradación de los humedales debido a la falta de agua dulce de los ríos ha afectado negativamente al clima. Es verdad que hace décadas que se está fomentando la plantación de árboles, y esto, combinado con otras medidas para frenar el avance del desierto, han creado un cierto optimismo en lo que respecta a la larga lucha con las arenas de los desiertos del noroeste.
Si hablamos de la contaminación del aire baste con decir que El Banco Mundial ha subrayado que 16 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo se encuentran en China. Además, los satélites europeos indican que los niveles de contaminación han aumentado casi un 50% en la última década.
Y esto muy relacionado con el modelo energético. El carbón es el rey en China. En la actualidad, el consumo de carbón es aproximadamente de una tonelada per cápita, es decir, unos 1.300 millones de toneladas. Se prevé que aumente hasta los 2.000 millones de toneladas para el 2020. En el pasado, la mayor parte del carbón era de baja calidad con un elevado contenido en azufre y se quemaba sin tratar. Cada vez más, se incita a los productores a fabricar un carbón de alta calidad con un bajo contenido en azufre, y las plantas de energía están limpiando el carbón para reducir el azufre o eliminar las emisiones; sin embargo, como hemos visto, la lluvia ácida sigue siendo un grave problema. Muchas minas de carbón pequeñas que producen carbón de baja calidad se han visto obligadas a cerrar, pero otras vuelven a abrir ya que las autoridades locales hacen la vista gorda ante esta actividad ilegal pero muy lucrativa. Los accidentes en las minas son habituales y se hacen públicos; a menudo suceden en estas minas ilegales.
En resumidas cuentas, más allá de las grandes cifras económicas, de los intereses de las élites locales y de las grandes multinacionales hay una parte importante de la población con graves problemas económicos, sociales y medoiaombientales en la China de hoy.

lunes, 17 de octubre de 2011

El trabajo decente en España.

J. Manuel Marañón G.


Este artículo es un extracto del excelente trabajo de los compañeros Ramón Baeza, Fernando Rocha y Elvira S. Llopis, extracto preparado para enviarlo a la prensa regional de Cantabria. Si quereis ir  al trabajo completo no teneis más que utilizar este enlace: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3809&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171


Recientemente se ha celebrado el día mundial del trabajo decente. Probablemente, a muchas personas esto les parecerá un concepto totalmente subjetivo. En absoluto. La consideración de un trabajo decente se basa en un conjunto de indicadores estadísticos e información sobre los derechos del trabajo y su marco jurídico. Estos indicadores están marcados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Los indicadores estadísticos, a su vez, están clasificados en las siguientes categorías: indicadores principales, indicadores adicionales y contexto económico y social.
Conviene hacer un somero análisis del contexto económico y social en el que se desarrolla el trabajo decente en España. Decir de entrada que la crisis se ha cebado de manera despiadada en el empleo, generando una intensa destrucción del mismo que está afectando a la clase trabajadora de manera directa, privándola de su fuente básica de ingresos, pero también de manera derivada ya que, como consecuencia de las sucesivas medidas adoptadas en España se están minimizando o aún desarticulando los otros tres componentes del trabajo decente: derechos, protección social y diálogo social.
Y lo ha hecho en un contexto demográfico caracterizado por un volumen importante de población inmigrante, el 12, 2 % gran parte de la cual se halla en situación irregular y que desempeña su actividad laboral en forma de trabajo no declarado y que por tanto, carece de los mecanismos de garantías laborales y de protección social y cuyas cotizaciones se pierden para el conjunto de la ciudadanía
También es necesario subrayar que, desde el punto de vista demográfico, el contexto viene definido también por una dinámica de envejecimiento de la población y del incremento de la esperanza de vida, con lo que los tramos poblacionales que se encuentran dentro de lo que se denomina “vejez y gran vejez” crecen de manera acelerada.
Esto viene a suponer dos cosas: de un lado, un incremento en el gasto público destinado a las pensiones de jubilación. De otro lado, una demanda de prestaciones de carácter sociosanitario y de atención a las personas en situación de dependencia creciente Las proyecciones nos hablan de un colectivo de personas con gran dependencia y dependencia severa que alcanzaba algo más de 565.000 personas en 2005, y que alcanzaría cerca de las 800.000 personas en 2020. La atención necesaria a estas personas debería repercutir en la creación de empleo que se estimaba en 300.000 puestos de trabajo netos, pero no lo ha hecho porque más del 50% ha optado por el pago al cuidador/a familiar.
Una tercera cuestión de carácter sociodemográfico nos remite a la especial situación de precariedad del empleo ocupado por personas jóvenes en nuestro país, muy vinculada, a los elevados índices de fracaso escolar y abandono educativo temprano, pero sobre todo, vinculada a la perversión de determinadas formas contractuales y otras figuras destinadas originariamente a favorecer la inserción laboral de la población joven y que, por el contrario, no han logrado sino instalar a este colectivo en una forma cronificada de precariedad que a día de hoy continúa su escalada creciente.
Sobre estas realidades parciales, fragmentarias, han venido a sumarse otros elementos de profundo calado e incidencia general: de un lado, la reforma laboral, con su corolario en términos de reforma (impuesta) de la negociación colectiva; de otro, las políticas de contención del déficit público y su consecuente impacto en términos de Estado del Bienestar.
En cuánto a los indicadores estadísticos principales, decir que el indicador primero y básico del trabajo decente, que es el que viene definido estadísticamente en función de la relación entre la población en edad de trabajar (en el caso de España, se inicia a los 16 años) y el empleo, ha evolucionado a la baja en España desde 2005, perdiendo 8 puntos porcentuales entre 2007, en que esta relación suponía que el 65,7 por ciento de las personas en edad de trabajar estaban ocupadas, y 2010, año en que este porcentaje se ve reducido al 57,7 por ciento.
El segundo indicador al que hay que hacer referencia es la tasa de desempleo. En España, este indicador ha sido especialmente significativo y, pese a que su contención ha sido objeto de diferentes medidas el paro continúa creciendo, y situó en Agosto el número de personas paradas registradas en los Servicios Públicos de Empleo en 4.130.927.
En términos anuales, la tasa de desempleo en España, que en 2005 se situaba en el 9,2 por ciento, superior ya a la tasa de paro de la UE, que ofrecía valores del 8,9 en la UE-27 y 8,1 en la UE-15, alcanzó en 2010 el 20,1 por ciento duplicando tanto la tasa de paro de la UE -27, que se situaba en el 9,6 y también la de la UE-15, que ofrecía un valor del 9.
Por otro lado, la situación del empleo entre la población joven, que ya era preocupante antes de la crisis, comienza a ser insostenible: si en 2005, la tasa de paro juvenil en España se aproximaba al 20 por ciento, tres puntos superior a la media de la UE 15, en 2010 este indicador alcanza un valor del 41,6, 21 puntos porcentuales superior a la media de la UE 15, duplicándola. Lejos de mejorar, la tasa de paro para la población menor de 25 años en el primer trimestre de 2011 alcanzaba un valor del 45,4.
Con todo, es especialmente preocupante que el indicador propuesto por la OIT como significativo para la evaluación del trabajo decente al respecto, que es el de la población joven inactiva que no está estudiando, tenga unos valores por encima del 6 por ciento en España, un país en el que, no lo olvidemos, el porcentaje de abandono escolar prematuro, situado en el 28,4 por ciento en 2010, prácticamente el doble de la media UE15.
Por lo que se refiere a las condiciones laborales, tres indicadores son fundamentales en relación con el trabajo decente: la retribución percibida por trabajar, la jornada laboral y la siniestralidad laboral.
El salario suele ser la fuente principal de ingresos de trabajadores y trabajadoras y de sus familias: en torno al 70 por ciento del total de las rentas de la clase trabajadora provienen del salario en la Unión Europea; un 79 por ciento en el caso de España. Según datos de la encuesta anual de estructura salarial, el porcentaje de personas con unos ingresos iguales o inferiores al Salario Medio Interprofesional (SMI) se ha ido incrementando, pasando de constituir el 6,7 por ciento en 2005, a suponer el 10 por ciento en 2009. También según la misma encuesta, el 18 por ciento de personas asalariadas son trabajadores de baja remuneración en 2009 (con unos ingresos por hora que está por debajo de los 2/3 de la ganancia mediana), lo que supone un incremento de cuatro décimas con respecto al año anterior. En España las mujeres suponen el 64 por ciento del conjunto de trabajadores de baja remuneración.
Sin embargo, y precisamente en el punto de inflexión que viene determinado por el inicio de la crisis, el porcentaje de renta dedicada a las remuneraciones salariales ha disminuido, en tanto los excedentes empresariales han ido ganando peso.
Por otra parte, la duración de la actual situación hace que la cobertura de las prestaciones por desempleo haya ido disminuyendo paulatinamente, situándose en torno al 71 por ciento actualmente. Asimismo, cae la cobertura por prestaciones contributivas hasta el 50,6 por ciento, creciendo las prestaciones asistenciales.
Siendo así, no es de extrañar que, de la conjunción de la destrucción de empleo, de la ausencia de oportunidades para acceder al empleo, y del viraje hacia el enriquecimiento, el empobrecimiento de la clase trabajadora se haya incrementado a partir de la irrupción de la crisis, empobrecimiento que las transferencias sociales no han podido atemperar.
A pesar de ello, la media de horas semanales habituales en España se sitúa en 41,7 horas, es decir, una hora y 42 minutos por encima de la jornada semanal de 40 horas. En el periodo analizado sigue siendo ligeramente superior a la media de la Unión Europea.
En cuanto a la siniestralidad laboral, sin duda uno de los elementos más determinantes para identificar el trabajo decente, hay que reseñar que España mantiene a lo largo del tiempo una incidencia notablemente mayor que la media de la UE 15.
Los datos disponibles apuntan a que esta incidencia se ha reducido, probablemente como efecto de la reducción en la población ocupada del sector de la construcción, así como de la expulsión del mercado de trabajo de la población con menor experiencia, pero a pesar de ello, mantiene el mayor índice de incidencia de todos los países de la UE-15
Así, España es el país de la UE15 con mayor siniestrabilidad.  En 2008, España tenía  4.820 accidentes cada 100.000 trabajadores/as. Los siguientes países con mayor siniestrabilidad  eran Bélgica con 3.020 y Alemania con 3.002. Los países con menor sinisestrabilidad eran Gran Bretaña con 818, Irlanda con 889 y Suecia con 905.
Aunque nos falta reseñar muchos indicadores, indicadores que van desde la tasa de empleo sumergido hasta el porcentaje de PIB gastado en seguridad social pasando por la tasa de estabilidad en el empleo, sí podemos decir que queda mucho trecho, en España, para decir que el trabajo decente esté generalizado entre el conjunto de los trabajadores/as.