Las últimas medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros en su sesión del 13 de julio son, de nuevo, un durísimo, injusto e injustificado ataque a los derechos de los trabajadores con ramificaciones sociales cada vez más amplias, además de un disparate económico, eso sí, con una fuerte carga ideológica.
Ninguna de las medidas que el gobierno de Rajoy ha venido adoptando desde su primer Consejo de Ministros ha estado exenta de esa profunda carga ideológica, a la vez que sí han tenido unos efectos devastadores para la actividad económica y el empleo.
La criminalización de los sindicatos no ha estado al margen. Las declaraciones en sede del Consejo de Ministros de la Vicepresidenta del Gobierno y portavoz del mismo, poniendo en cuestión la trasparencia de los sindicatos, junto al más reciente y repugnante espectáculo protagonizado en el Parlamento el pasado 11 de julio por parte del grupo Parlamentario Popular, vitoreando los recortes que contra los parados, empleados públicos… iba anunciando el presidente del gobierno, tuvo también su expresión más deleznable, en términos democráticos, cuando éste anunció nuevos recortes a los derechos sindicales.
Esta cuestión no debe pasar desapercibida. Los sistemáticos ataques a los sindicatos forman parte del todo; del proceso de devaluación interna al que se está sometiendo a nuestro país con continuas transferencias desde las rentas del trabajo a las del capital; de una reforma laboral que junto a otras cuestiones, como el abaratamiento y la mayor facilidad para despedir, etc. desequilibra el sistema de relaciones laborales a favor de la empresa, del desmontaje de los sistemas de protección social. En definitiva, el objetivo de menos sindicato no es otro que el de menos obstáculos para avanzar de manera más rápida en la liquidación de derechos.
Es una involución social, pero también democrática. A la política de recortes, de cercenamiento de derechos, le acompaña la falta de legitimidad social y política de un gobierno que se presentó con un programa electoral que duró justo el período de tiempo en el que se desarrolló la campaña electoral. Un gobierno que manipula de manera planificada y hasta el extremo, todas y cada una de las iniciativas y decisiones del Consejo de Ministros, todas y cada una de las escasas comparecencias que se realizan en el Parlamento, por no recordar el lamentable espectáculo que ofreció el mismo Presidente del Gobierno, en su comparecencia en torno al rescate del sector financiero.
El abuso en la utilización del Decreto Ley por “teóricas razones de urgencia” hurta el debate social, también la discusión en las Cortes Generales, además de que es parte sustantiva del déficit democrático que padece nuestro país.
Se interviene la Corporación Radiotelevisión Española, acabando con la pluralidad e independencia, cuya expresión plástica ya se está produciendo.
Involución democrática que alcanza el campo de las libertades individuales y colectivas. La presión a la que se está sometiendo a quienes expresan a través del derecho constitucional de reunión y manifestación o de huelga, se está convirtiendo en insoportable. Las decisiones que se están adoptando desde el Ministerio del Interior y desde las Delegaciones de Gobierno con respecto a las protestas sociales, desafían la propia Constitución.
La cuestión de intentar convertir el conflicto social en conflicto de orden público, como intenta de manera sistemática el gobierno, es apagar el fuego con gasolina.
Asistimos a una profunda crisis social que también es política, no se debe obviar, y de no cambiarse el rumbo, todo apunta que caminamos también de manera rauda hacia una crisis institucional.
Las multitudinarias manifestaciones del pasado 19 de julio, que ni han sido las primeras ni tampoco serán las últimas -durante el mes de agosto se van a seguir produciendo movilizaciones, y para el 15 de septiembre está convocada una gran Marcha a Madrid-, son un clamor social de exigencia al gobierno para que cambie de política; de exigencia también a los responsables políticos de la Unión Europea y del Eurogrupo, del Banco Central Europeo, pero en primer lugar al gobierno español, que tiene que responder ante la sociedad española.
Las manifestaciones del 19 de julio han tenido una singularidad, estaban todos: organizaciones sindicales, sociales y asociaciones profesionales.
Se ha constituido la Cumbre Social en la que también están todos: organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y organizaciones sociales, en un encuentro sin precedentes en la historia de nuestro país, que demandan cambios en la política económica y social, que expresan una radical defensa del Estado Social.
La Alianza Social construida es la respuesta, pero también es la base de que hay alternativas.
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