sábado, 1 de octubre de 2016



Encadenados a la ley

                       
Encadenados a la ley
MIGUEL LORENZO
Concentración en València de militantes y simpatizantes socialistas partidarios de Pedro Sánchez.


Albert Sáez/ Adjunto al director/ El Periódico de Cataluña/ Viernes, 30 de septiembre del 2016.

De lo más triste en el vodevil socialista de estos días es que el debate político quede reducido a un conflicto jurídico-legal. El envite final de Susana Díaz a su expatrocinado Pedro Sánchez se basa en una argucia reglamentaria: la disolución de la dirección por dimisión de la mitad de sus miembros. Tan enrevesado es el método que han llegado a pelearse por la opinión que tendrían los muertos. Además de triste, es sintomático de cómo la democracia en España lleva demasiado tiempo secuestrada por la ley. Vivimos las consecuencias de haber legitimado las leyes de una dictadura parangonándolas con las de la democracia. La obsesión por el mantenimiento del orden y la inoculación en la izquierda del miedo a ella misma con el fantasma guerracivilista han posibilitado que España sea el único país de Europa en el que nadie discute que la ley trajo la democracia, cosa que resulta directamente absurda en cualquier otro entorno. La democracia exige el cumplimento del Estado de derecho porque garantiza la legitimidad de las leyes pero la afirmación no se puede invertir. El Estado de derecho no garantiza el carácter democrático de las leyes.
El PP, como partido de los abogados del Estado y heredero de quienes no condenaron el franquismo, es el autor intelectual de esa subordinación de la democracia a la ley. Lo verdaderamente triste es que el socialismo se apunte a esa terrible idea. Una parte de la España que huye del bipartidismo elección tras elección lo hace precisamente por cosas como esa. La idea de la casta ha hecho mella por la sensación de que algunos podían hecerse las leyes a su medida, también en democracia. Esa es la única explicación a casos como el del Castor, del túnel del Pertús o las cláusulas abusivas. Convertir una crisis ideológica y organizativa en un litigio jurídico es simplemente una falta de respeto a la propia historia del PSOE, a sus militantes y al conjunto de los ciudadanos que lo consideran una pieza sustancial del sistema democrático. No son horas de reglamentos ni de contenciosos administrativos, es tiempo de política y de grandeza. 

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