martes, 27 de octubre de 2009


Independencia sindical y perspectivas en el futuro inmediato.

J. Manuel Marañón

CC OO, primera organización de este país, está permanentemente sometida, como es lógico, al análisis público de sus actuaciones y eso se acentúa aún más en situaciones de crisis económica como la actual en la que los principales perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras.
Insisto que me parece legítima la crítica pública de nuestra actuación. Pero hay un tema que más o menos soterradamente circula, al menos en parte de las críticas que se no hacen, que no quisiera pasar por alto. Es lo que se refiere a la independencia sindical y a la convocatoria de una huelga general. Y no es un problema de declaraciones formales de esta independencia sino de demostración permanente en nuestra actuación cotidiana. Y lo digo porque, en este país, estamos demasiado acostumbrados a que una cosa son las declaraciones y otra las actuaciones. No hay más que pensar en la Sra. Aguirre.
Esta “cantinela soterrada” se lanza desde ámbitos conservadores, medios de comunicación (que, por supuesto se autotitulan de independientes), medios políticos, medios sociales y entre ciertos sectores de la gente de la calle. Pero, también, en medios de la izquierda con mayor menor fuerza institucional. Lógicamente, desde CC OO y, en general, desde el sindicalismo de clase rebatimos con nuestra actuación cotidiana estas impresiones.
Quizás el primer error de algunos es que no se han enterado o no se han querido enterar de que CC OO vela por intereses de parte. Nosotros estamos aquí para hacer valer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de las clases populares, que constituyen, por otra parte, la mayoría de esta sociedad. Y si a ello añadimos que entendemos que el trabajo debe estar en el centro de esa sociedad, concluiremos que, también, nos preocupamos por los intereses generales. Pero, insisto, lo hacemos en tanto en cuanto velamos por los derechos de la mayoría social que constituye la clase obrera.
También es conveniente recordar a los desmemoriados que CC OO ha convocado 5 huelgas generales en el período democrático, una en 1985, en solitario y cuatro más en 1988, 1992, 1994 y 2002 junto a UGT. Y todas ellas con un denominador común; la convocatoria se hacía cuándo desde el Gobierno se planteaban reformas legislativas unilaterales que, entendimos, lesionaban gravemente los derechos laborales o sociales de los trabajadores y trabajadoras. Por cierto de esas huelgas generales, cuatro se hicieron contra gobiernos del PSOE y una contra un gobierno del PP.
Por lo tanto, insisto, nuevamente, a CC OO solamente le guía el interés de la clase trabajadora y hará una HG contra el gobierno si se le ocurre poner en marcha reformas que entendamos lesivas para los trabajadores y trabajadora.
Dicho lo cual, enfrentamos un periodo de movilizaciones importantes de aquí a finales de año. Movilizaciones en aquellas empresas que pretendan aprovechar la crisis para rebajar los derechos, los salarios, etc. sus asalariados/as, movilizaciones contra aquello sectores empresariales que tienen congelada la negociación colectiva porque, también, insisten en que la crisis la paguen los trabajadores/as. Movilizaciones, en fin, contra una cúpula empresarial que persigue una reforma laboral que no toque ninguna de sus ventajas y que les permita desregular e individualizar más las relaciones contractuales, fundamentalmente, parafraseando el título de un libro de Antonio Baylos, en lo que sería la violencia del acto el despido.
CC OO y UGT pedimos un nuevo marco de relaciones laborales con un mayor grado de corresponsabilidad en las decisiones empresariales, que, al fin y al cabo, van a tener incidencia en el porvenir de la vida de las personas que trabajan en ella, que se plantee un nuevo modelo de negociación colectiva…, pero que, en ningún caso, signifique más desregulación y menos derechos laborales.
CC OO y UGT demandan medidas de reactivación económica que palien el incremento del paro a corto plazo y medidas que se encaminen a la configuración de un nuevo modelo productivo que a medio plazo lleve a un sistema económico sostenible con actividades con mayor valor añadido que haga que las vidas de los trabajadores y trabajadoras estén menos sometidas al albur de decisiones que otros toman en ámbitos incontrolables para los poderes democráticamente constituidos.
Para acabar, se puede decir que estos razonamientos son obviedades. Quizás sí, pero la clase trabajadora los debe tener siempre presentes, porque desde esos ámbitos de decisión democráticamente incontrolables se intoxica permanentemente con sesudos análisis socioeconómicos, cuyo debate no debemos de rehuir y si no estamos atentos nos pueden hacer perder de vista las líneas generales que deben centrar, siempre, nuestra atención.


domingo, 25 de octubre de 2009




JOAQUIM SEMPERE-PÚBLICO-25 Oct 2009

En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y radioactivos. El abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia Ahmadou Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y, al menos, 300 muertes.
Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año por esta pesca extranjera ilegal ascendía a 450 millones de dólares. El resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo.
Un reportaje de Al Yazira informa de que grupos de somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenominado “Guardacostas Voluntarios de Somalia”, reuniendo dinero con el que pagar a la empresa estadounidense Hart Security, que se dedica a entrenar y formar luchadores y mercenarios por todo el mundo –y que, años más tarde, ha actuado como mediadora para el cobro de rescates en aquellas mismas aguas: ¡negocio redondo!–. Al parecer, hubo intentos de esos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto para seguir haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que hoy se califica como piratería somalí. En un país plagado de armas, desgarrado por bandas rivales y sometido a una situación económica desesperada, un desenlace así no debería sorprender. A la vista de lo anterior es legítimo preguntarse: ¿quiénes son, en esta historia, los verdaderos piratas?
Hay en España quien propone que los atuneros españoles (que son sobre todo vascos) lleven militares a bordo para disuadir a los piratas. En el Parlamento vasco, los votos del PP y el PNV han hecho posible el pasado 8 de octubre aprobar una moción en esta línea. El Congreso ya lo había descartado meses antes arguyendo que la legislación española no lo permite. Francia sí lo permite, y hace tiempo que en el Índico los barcos de pesca franceses llevan militares a bordo. Pero esta diferencia es de detalle: ambos países lograron que el 10 de diciembre de 2008 los ministros de Defensa de la Unión Europea aprobaran la llamada Operación Atalanta contra la piratería somalí, y que se diera luz verde al envío de entre 6 y 10 buques de guerra para “garantizar la seguridad” en el golfo de Adén con el mandato de vigilar las costas de Somalia, “incluidas sus aguas territoriales”.
Estos hechos muestran que el colonialismo no sólo no ha muerto, sino que está tomando nuevos bríos. Y un nuevo aspecto marcado por la crisis de recursos naturales, en este caso la pesca. Las flotas pesqueras de los países ricos, compuestas por buques con capacidad para moverse por todos los mares del mundo, esquilman un caladero tras otro: son las principales culpables de la sobrepesca que desde hace años viene destruyendo la capacidad de regeneración de las especies marinas y preparando un colapso de las capturas a escala mundial. Las primeras perjudicadas son las poblaciones de los países pobres que dependen de la pesca local: ellas carecen de flotas potentes para pescar lejos de sus costas. El caso somalí es uno de los más sangrantes por las circunstancias políticas internas, pero no es el único.
España está recuperando sus blasones imperiales contribuyendo a empobrecer a uno de los países más pobres del mundo. Al hacerlo no sólo comete una injusticia, sino que practica una política sin futuro también para sus habitantes. Porque cuando ya no haya caladeros por explotar en ningún rincón del mundo, ¿qué harán nuestros marineros y pescadores?Es una indignidad aprovecharse de un país desangrado por una guerra civil y luego mandar a los soldados a defender una causa indefendible que no hace más que profundizar la tragedia de ese pueblo. Y si se quiere mirar desde otra óptica, ¿cuánto nos cuesta mantener la dotación de dos buques de guerra, un avión y 395 efectivos de la Marina española que tenemos destacados en la zona?
El caso tiene su moraleja. Un país desarrollado como España no debe, tras agotar sus propios recursos pesqueros, expandirse por los mares del mundo privando a otras poblaciones más pobres de sus medios de subsistencia, porque agrava la situación de esas poblaciones y las empuja a una resistencia que desemboca en aventuras violentas y salidas militares. La solución hay que buscarla en casa, adaptándose a unos ecosistemas dañados y gestionándolos mejor (por ejemplo, con la piscicultura como alternativa a la pesca), y adoptando medidas previsoras para que nadie se quede sin trabajo y sin fuente de ingresos. Es inquietante que se esté haciendo exactamente lo contrario: optar por la huida hacia delante y por un neoimperialismo ecológico reforzado militarmente que sólo puede redundar en un empeoramiento de la situación.

Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Ossorio