La Religión es el problema.

De laicos, nada

JUAN G. BEDOYA -EL PAÍS- 03/07/2010

La aconfesionalidad del Estado es imposible mientras subsista el Concordato - La Iglesia católica mantiene todos sus privilegios en los planes del Gobierno

Lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Este es el estado de ánimo de los movimientos laicistas ante la anunciada reforma de la legislación sobre libertad religiosa, cuyo contenido adelantó EL PAÍS el domingo día 13. El Gobierno ha presentado los cambios de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 como un desarrollo de la "laicidad del Estado". Entre otras medidas, prohibirá la presencia de símbolos religiosos -como el crucifijo cristiano- en edificios públicos y buscará una fórmula para que los llamados funerales de Estado sean civiles, sin ceremonias religiosas. También se propone extender a otras religiones de "notorio arraigo" privilegios que disfruta la mayoritaria confesión católica, a la que el Estado financia con unos 6.000 millones de euros anuales.

Los prelados ven un ataque en la
ley que prepara el Ejecutivo

De esta cifra, 3.000 millones se destinan, según cifras oficiales, a sostener los colegios religiosos concertados, pero también se paga con dinero público el sueldo de obispos y sacerdotes; a los profesores de catolicismo en la escuela pública (unos 15.000); el salario de más de un millar de capellanes castrenses, hospitalarios y carcelarios, e incluso gran parte de la restauración o sostenimiento del ingente patrimonio histórico artístico de esa religión, la segunda propietaria inmobiliaria después del Estado.
"Es iluso creer que se avanza hacia la laicidad mientras persistan los privilegios de la Iglesia católica, acordados en Roma en la Navidad de 1979 por el ministro de Asuntos Exteriores español y el secretario de Estado de la Santa Sede". "La tentación de extender los privilegios del catolicismo a otras religiones agravaría la confesionalidad encubierta del Estado". "España es ahora un Estado aconfesional con querida. Mañana podemos ser un Estado aconfesional con cuatro o cinco mantenidas más, es decir, habremos retrocedido en laicidad y neutralidad religiosa". Con esta contundencia se expresan los eclesiasticistas partidarios del laicismo y gran parte de los líderes de las religiones llamadas minoritarias, con tres o más millones de fieles.

El Estado financia con unos 6.000
millones a la Iglesia romana

Lo mismo opinan católicos de base que no viven "la laicidad como una amenaza contra la Iglesia, sino como una oportunidad positiva". El Foro de Curas de Madrid incluso vislumbra en la laicidad el sueño de que su Iglesia acepte "mirar la modernidad sin ingenuidad o frivolidad pero con esperanza, descubriendo que la laicidad puede ser evangélica y teológicamente positiva".
Enfrente, la jerarquía del catolicismo alza la voz con severidad contra las intenciones del Ejecutivo socialista. Los obispos consideran el laicismo un ataque a su Iglesia e, incluso, "un retroceso de la civilización y una aberración del ser humano", y ven en las intenciones de los socialistas irreligiosidad, ateísmo o anticlericalismo. Aún confían en que el presidente Rodríguez Zapatero desista de la reforma anunciada tras entrevistarse en Roma con Benedicto XVI hace dos semanas.
El desencuentro entre jerarquía y sociedad civil empieza por la palabra laicidad, utilizada ahora por el Gobierno. ¿Qué es la laicidad? No hay definición formal. No existe la palabra en los diccionarios, ni siquiera en el de María Moliner, un "diccionario de uso". Hay que acudir a la definición de laicismo para entenderse: "doctrina que defiende la independencia del hombre o la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa" (Real Academia Española).
"La laicidad es producto de una historia de luchas por la libertad religiosa y de conciencia, una historia limitada en el tiempo -dos siglos- y en el espacio -Occidente- durante la cual la vida política y social ha logrado emanciparse fatigosamente de las primitivas hipotecas confesionales", afirma el historiador Ramón Teja, catedrático de la Universidad de Cantabria y presidente honorífico de la Sociedad de Ciencias de las Religiones.

Perdida la batalla de la teocracia,
los obispos apelan a la razón histórica

Añade Teja: "Laicidad significa la existencia de un espacio público a disposición de todos los ciudadanos para ejercer sus derechos en condiciones de libertad y de igualdad, una ciudad de los hombres en la que haya espacio para todos, no una ciudad de Dios en la que solo haya lugar para sus creyentes".
Teja subraya "las muchas dificultades" que hubo en el Concilio Vaticano II para el reconocimiento por la Iglesia católica de esa libertad e igualdad religiosa. "Hoy circulan en España y otros países católicos, como Italia, nuevas doctrinas que consideran inaceptable la equiparación de la religión católica con las otras confesiones. Se rechaza el principio de igualdad como criterio básico de la política del Estado en materia de cultos. Puesto que no resulta ya defendible por la Iglesia la teocracia, se recurre a la herencia y al Concordato con la Santa Sede para reclamar un trato privilegiado en materia de símbolos religiosos, financiación, educación, etcétera, y se pretende que las demás confesiones se contenten con ser toleradas".
El catedrático Antonio Monclús, que acaba de dirigir un encuentro de religiones en el Instituto Cervantes de Tetuán, considera que la laicidad es "una dimensión central en ese diálogo entre culturas y en la Alianza de Civilizaciones". "El laicismo es el mapa sobre el que se asientan las diferentes culturas. La laicidad es una característica esencial del Estado moderno. El Estado, laico, debe garantizar el derecho de cualquier cultura a expresarse y desarrollarse, desde la no confesionalidad de los poderes públicos. Los Acuerdos con la Santa Sede impiden que en España contemplemos hoy un mapa así de libre", añade el también director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Campo de Gibraltar.

La Iglesia
lleva 30 años incumpliendo el compromiso de
autofinanciarse

El meollo del debate sobre el laicismo está en la financiación de las actividades del catolicismo. Nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que la Hacienda pública ejerza de recaudadora de impuestos para sostener a una religión concreta. El Vaticano se comprometió en los Acuerdos de 1979 a que su Iglesia en España se autofinanciaría con el llamado "impuesto religioso". Mientras tanto, Gobierno y episcopado acordaron un mecanismo transitorio de asignación tributaria mediante el IRPF. El plazo acabó hace dos décadas. En 2007, Rodríguez Zapatero aceptó la renuncia de los obispos a su compromiso de autofinanciación, e incluso les elevó un 34% (del 0,52% al 0,7%) el porcentaje de la cuota de IRPF que los católicos pueden destinar a su confesión, sin añadir un céntimo más que el resto de los contribuyentes.
El Gobierno no se propone reforma alguna en este asunto, y eso que los expertos de su propio entorno le han dicho que "financiar religiones es inconstitucional". Es la conclusión del Laboratorio de la Fundación Alternativas, que dirige el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray. Muchos miembros del patronato de esa fundación pertenecen también al PSOE. El Tribunal Constitucional nunca ha entrado en el fondo de la cuestión porque nadie ha recurrido ante él el concordato; aunque sí ha resuelto algunas cuestiones de constitucionalidad por jueces relativos a aspectos puntuales.
"El marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica es manifiestamente mejorable y en algunos casos profundamente inaceptable", sostuvo Eguiagaray cuando la Fundación Alternativas presentó en sociedad su proyecto de Estatuto de laicidad. "El sistema vigente de financiación es inconstitucional. El acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, estableció un régimen temporal de financiación estatal de la Iglesia católica que, además de haber sido incumplido por ambas partes, resulta de difícil encaje en la definición de un Estado laico o aconfesional, ya que la financiación de las confesiones religiosas no puede entenderse como contenido del derecho de libertad religiosa, amén de que su mantenimiento únicamente en favor de la Iglesia católica supone una violación del principio de igualdad", sostiene la Fundación Alternativas.
El informe había sido realizado por dos profesores de Derecho Eclesiástico, José María Contreras y Óscar Celador. Contreras ha sido director general de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia, un departamento que el Gobierno ha decidido eliminar.
Alejandro Torres, también profesor de Derecho Eclesiástico -en la Universidad Pública de Navarra-, hace estas cuentas. "La Iglesia católica lleva incumpliendo más de 30 años el compromiso de 'lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades' (artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos). Recordar esto no es anticlericalismo pues si dividimos los 250 millones de euros que percibe la Iglesia en concepto de Asignación Tributaria entre: 1) 44 millones de españoles, tocan cada español a 5,6 euros al año. 2) El 80% de esos 44 millones de españoles, que según el CIS se declaran católicos, tocan cada católico a 7,1 euros al año. 3) El 20% de esos 44 millones de españoles, que son católicos practicantes, toca cada católico practicante a 28,40 euros al año, menos de 50 céntimos por cada misa dominical.
Es poco dinero por cada fiel católico, pero los obispos se aferran al sistema de financiación pública porque desconfían, con razón, de la generosidad de sus fieles. Coinciden con el historiador William J. Callahan, de la Universidad de Toronto. "La tacañería del católico para sostener al clero es histórica. Las encuestas indican que, en práctica religiosa, la Iglesia católica española está viva y bien, como diría Jacques Brel. Pero las encuestas son engañosas. La religiosidad ha decaído en los últimos años".
Frente a la versión de los obispos, que hablan de que los españoles son el 90% católicos, Callahan opone el dato de los que van a misa o hacen caso a las consignas de sus jerarcas. "El cálculo varía entre el 15% y el 25% de la población", según el autor de La Iglesia católica en España.
El Ejecutivo tiene donde apoyarse si quisiera reformar el sistema de financiación. Esta es la tesis del profesor Fernando Amérigo, de la Universidad Complutense de Madrid y autor de La financiación de las confesiones religiosas en la UE. "A la hora de financiar a las confesiones religiosas hay dos grandes sistemas: los directos y los indirectos. Los sistemas directos (dotación presupuestaria, asignación tributaria, subvenciones directas o la creación de fondos estatales para el culto y clero) se caracterizan porque el Estado financia a las Iglesias mediante fondos públicos, es decir, considera la actividad estrictamente religiosa como parte del gasto público.
Los sistemas indirectos se basan en que el Estado facilita o promociona el sostenimiento económico de las confesiones a través de los ciudadanos de forma voluntaria. Es el caso de las desgravaciones fiscales a las donaciones, que se dan en Francia, Holanda o Portugal, o del impuesto religioso o cuota eclesiástica que se aplica en Alemania, Austria, Suecia o Finlandia.
Hay países donde las Iglesias se autofinancian -Reino Unido y Eslovenia- o donde se prohíbe la financiación de las confesiones, como Irlanda (si bien la Iglesia católica recibe allí ayudas en el sistema educativo). "Los sistemas directos son, en puridad, incompatibles con la laicidad del Estado, puesto que suponen una violación tanto de la separación como de la neutralidad", sostiene Amérigo.
Alejandro Torres subraya otros beneficios fiscales. "Las viviendas o casas parroquiales de los ministros de culto de las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado, y los huertos y jardines adyacentes, están exentas en el IBI. Eso es incompatible con los principios constitucionales de laicidad del Estado y de igualdad. Pese a que 'ninguna confesión tendrá carácter estatal' (artículo 16.3 de la Constitución), se da la paradoja de que los ministros de culto de las confesiones con acuerdo tienen un régimen fiscal mejor que el de los funcionarios. ¿Qué relación tiene el uso y disfrute de un huerto o jardín con el ejercicio del derecho fundamental de libertad de religiosa?".
Otro privilegio: el que atribuye a las diócesis la Ley Hipotecaria (artículo 206) para la inmatriculación de inmuebles. "Si ninguna confesión tiene carácter estatal, y si la sentencia 340/1993 del Tribunal Constitucional prohíbe la confusión entre funciones y fines religiosos y funciones y fines estatales, ¿cómo es que los obispos católicos pueden emitir certificaciones de dominio, como si fuesen funcionarios dotados de fe pública?", se pregunta Torres.
Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología en la Universidad Carlos III, en Madrid, y secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, concluye que el Gobierno se ha quedado "sin política propia" en cuestiones de laicidad. "La agenda se la marca otro Estado, el de la Ciudad de Vaticano, cuyas orientaciones sigue discipularmente". Como ejemplo, señala el retraso en la presentación de la nueva ley hasta después de la visita de Benedicto XVI a España, el próximo noviembre, para no tener problemas".

Antonio Gutiérrez.

Del blog de ManoloMartínez.

http://ccooaragon.wordpress.com

Carta de los compañeros/as del CEIP "Juan de la Cosa" de Santoña.

Del blog Javi Ramírez (casi un blog).

http://javiramirez.blogspot.com

La Religión es el problema.

Laicidad positiva

PAOLO FLORES D'ARCAIS-EL PAÍS- 01/07/2010

La "laicidad positiva" fue un hallazgo léxicoorwelliano con el que el presidente Sarkozy, en 2007, pretendía redimensionar la laicidad laica, la laicidad coherente, aunque podríamos decir incluso la laicidad sin adjetivos, de la tradición francesa. En la neolengua de 1984 de Orwell las palabras eran forzadas por el régimen del Gran Hermano para que llegaran a significar lo contrario de lo que siempre habían querido decir.

Bélgica ha dado una lección al
registrar sedes episcopales en busca de pruebas sobre
pederastia

Por fortuna, desde el 26 junio de 2010 existe en Europa otra versión de "laicidad positiva", en la que el adjetivo "positivo" tiene efectivamente el significado de "positivo" (bueno, favorable, constructivo, ventajoso, leo en el diccionario de sinónimos). La interpretación auténtica del único sentido que en una democracia liberal puede tener la expresión "laicidad positiva" nos la han proporcionado los gendarmes belgas enviados por el ministerio fiscal de Bruselas a registrar las sedes de la Conferencia Episcopal y a secuestrar cualquier documento útil para llevar a juicio a los sacerdotes pederastas de ese país que habían escapado a la justicia.
Los obispos recibieron el mismo trato que habrían recibido los miembros de cualquier otra poderosa organización sobre la que pesara la sospecha de haber colaborado a que, durante décadas, unos peligrosos criminales se sustrajeran al imperio de la ley. En el curso de las nueve horas del registro les fue impedido salir del edificio y usar el teléfono móvil. Comunicar, en definitiva, con posibles cómplices.
Ningún demócrata puede hablar por lo tanto de "hecho inaudito y grave del que no existen precedentes ni siquiera en los regímenes comunistas de infausta memoria" si un obispo es tratado como cualquier otro ciudadano. Por el contrario, el cardenal Tarcisio Bertone -secretario de Estado de Benedicto XVII- lo ha hecho, ignorante de que en una democracia la ley es igual para todos. Ya había recibido una respuesta por adelantado del ex primer ministro belga, Yves Leterme, cuando recordaba que "quienes cometen abusos deben ser perseguidos y condenados según la ley belga" y añadía que las investigaciones "son la prueba de que en Bélgica rige la separación de poderes entre Estado e Iglesia". Leterme no es un "comunista de infausta memoria" sino un demócrata-cristiano. Para quien cuenta también la primera parte de la definición, a diferencia del cardenal Bertone.
Supone una posición de notable mezquindad, democráticamente hablando, la actitud de Rat-zinger, que interviene para echar un cable ("sorprendente y deplorable modalidad de registros", ha afirmado) al cardenal Bertone, precisamente mientras el portavoz de la Fiscalía de Bruselas rechazaba la agresión del cardenal con un perentorio "los registros han sido efectuados por profesionales que conocen a la perfección su trabajo y respetan los derechos de las personas".
Resulta evidente que la cuestión de la laicidad es hoy para Europa una cuestión central e ineludible. Para el Papa vale la lógica de que, cuando en algún asunto se ven implicados sacerdotes, "la justicia debe seguir su curso", pero "en el respeto de la recíproca especificidad y autonomía" de Estado e Iglesia. Frase en apariencia inocua, traducción burocrática del más elocuente "dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios", si no fuera por el hecho de que el Papa pretende ser quien decida si el Estado prevarica y cuándo. Pretende ser él, y no un tribunal civil, quien decida cuáles son las fronteras entre ambas jurisdicciones.
Se dirá, sin embargo, que no puede tratarse a los obispos de un país como "sospechosos" de complacencia o incluso de guardar la ley del silencio en relación a unos criminales (en este caso unos pederastas), y que el comportamiento de la justicia belga, por lo tanto, es "no se sabe si grotesco o innoble" (Vittorio Messori). Objeción francamente temeraria, dado el precedente del obispo de Bayeux-Lisieux, monseñor Pierre Pican, condenado a tres meses con la condicional por la justicia francesa por haberse negado a testificar sobre las actividades pederastas, por él conocidas, de un sacerdote de su diócesis, y que por esta actitud, propia de "ley del silencio", de "respetar la recíproca especificidad y autonomía" entre Estado e Iglesia, recibió, a través del cardenal Castrillón Hoyos, el encomio entusiasta y solemne de Juan Pablo II.
Precisamente mientras Bélgica (país tradicionalmente católico) explicaba con hechos lo que debe entenderse por "laicidad positiva", el Tribunal Constitucional alemán legalizaba definitivamente la eutanasia pasiva, anulando la condena de un abogado que había aconsejado a uno de sus clientes que arrancara el tubo del gotero de un pariente suyo a quien se mantenía con vida artificialmente y contra su voluntad. La Iglesia luterana ha aprobado la sentencia, no así la católica. Y en efecto, en un cuadro de laicidad realmente positiva el paso sucesivo -lógica y jurídicamente inevitable- es el derecho a la decisión soberana de cada persona acerca del final de su propia vida. En la católica Bélgica, al igual que en la protestante Holanda, ello ya es posible.
Bélgica, como han demostrado las recientes elecciones, vive un momento cargado de problemas políticos poco envidiables. Pero bajo el perfil de la laicidad, es indudable que hoy se harían necesarias más Bélgicas en todos los países de Europa.

Paolo Flores d'Arcais es filósofo y editor de la revista Micromega. Traducción de Carlos Gumpert

La Religión es el problema.

Vaticalia

MIGUEL MORA -EL PAÍS-27/06/2010

Personas del entorno del Papa están implicadas en los escándalos de corrupción de la Protección Civil y de Propaganda Fide. Ha nacido un sistema de poder mixto que mezcla lo laico y lo religioso, la Iglesia y el Estado, Italia y el Vaticano, la curia con la élite civil


Los Gentilhombres de su Santidad forman parte de la familia pontificia como el comandante de la Guardia Suiza o los clérigos que trabajan con el Papa. Antes se llamaban Camareros de Capa y Espada, y los había secretos o de honor. En marzo de 1968, dos meses antes de que en París se prohibiera prohibir, en Roma Pablo VI abolió la Corte vaticana y creó los Gentilhombres. Montini escribió con un deje de pena: "Tanto en la Iglesia entera, especialmente después del concilio ecuménico Vaticano II, como en la opinión pública mundial se ha abierto camino una más atenta, digamos más celosa, sensibilidad sobre la preeminencia de los valores secamente espirituales, una exigencia de verdad, orden y realismo respecto a lo eficaz, funcional y lógico, frente a lo que es solo simbólico, decorativo y exterior".

Los Gentilhombres de Su
Santidad, vestidos siempre de negro, tienen el rango más alto al que un laico
puede aspirar

Muerto el patriciado, parecía que la modernidad había llegado por fin al Vaticano. Y el papa trataba de explicarlo motu proprio: "Nuestra antigua y benemérita Corte -que ahora será designada únicamente con su original y noble apelativo de Casa Pontificia- seguirá resplandeciendo en su prestigio auténtico, comprendiendo a eclesiásticos y laicos que, además de su particular competencia y autoridad, se distingan por sus señalados servicios en el campo del apostolado, de la cultura, de la ciencia, de las distintas profesiones, por el bien de las almas y la gloria del nombre del Señor".
Que se sepa, los Gentilhombres de su Santidad no cobran del Vaticano, aunque a veces trabajan dando pompa a los ritos. Visten de negro riguroso y llevan la pechera del frac forrada de medallas. Altivos, huidizos y misteriosos, forman parte del club más exclusivo del mundo y tienen el rango más alto al que un laico puede aspirar en el Vaticano.

Ratzinger quiere limpiar la
Iglesia de los pecados de sexo y dinero, pero esto le obligaría a tomar duras
decisiones

Hoy, la labor secreta de esta nueva nobleza negra es muy estimada en San Pedro. Su "competencia y autoridad" y sus "señalados servicios" suponen beneméritas acciones para la Santa Sede. En algunos casos, se diría que el requisito básico para entrar en el club es ayudar a engordar las arcas del Estado pontificio, el paraíso fiscal más rico, mejor decorado y más visitado del mundo.
Algunos gentilhombres son verdaderos prodigios de las finanzas. Tomemos a Herbert Batliner, por ejemplo. Nacido en 1928 en Liechtenstein, está considerado por la policía alemana uno de los mayores expertos en crear sociedades fiscalmente opacas, un gran especialista en lavar dinero negro. Batliner es uno de los banqueros que mueven en la sombra las finanzas vaticanas. El presidente de la Fundación Peter Kaiser lleva décadas trabajando en silencio por el bien de la Europa cristiana. Al menos desde 1970. Fue nombrado gentilhombre por Juan Pablo II en 1998, y lo sigue siendo todavía.
En el año 2000, según ha revelado un reciente reportaje de La Repubblica, un empleado del estudio de Batliner entregó a la Fiscalía de Bochum (Alemania) un CD lleno de datos secretos. En ese momento fue calificado como el rey de los evasores fiscales en un informe del servicio secreto alemán, que definió el "sistema Batliner" como un mecanismo que durante años había sustraído al fisco al menos 250 millones de euros.

Los movimientos laicos controlan sectores
de la política, la información, la empresa, la educación o la
sanidad

A pesar de lo anterior, el 9 de septiembre de 2006, Batliner se encontró con el Papa Joseph Ratzinger en Ratisbona. Batliner llegó hasta allí para donar en persona a la iglesia local un órgano valorado en 730.000 euros. Sobre él pesaba una orden de busca y captura de la policía alemana. Pero logró entrar en el país gracias a los buenos oficios de la diplomacia vaticana. Y no fue detenido. Apenas un año después, en el verano de 2007, Batliner admitió sus culpas y pactó con el Estado alemán, aceptando pagar una multa de dos millones de euros. Cinco años antes, la Corte Suprema de Liechtenstein confirmó en una sentencia que Batliner ya era en 1990 el fiduciario del ecuatoriano Hugo Reyes Torres, señalado como jefe mafioso de la droga, que mientras tanto fue condenado.
Mientras Ratzinger predica en sus homilías y encíclicas la ética de la economía y clama contra los especuladores y "los sacerdotes que tratan de hacer carrera para enriquecerse", algunos miembros de este club de caballeros parecen llevarle la contraria.
No todos, claro. En el club laico papal figuran 147 notables. Aunque el título es vitalicio, el Papa puede revocarlo cuando lo considere oportuno. A Batliner no lo ha echado todavía. Pero a Angelo Balducci, sí.
Balducci es un ingeniero que durante 25 años se encargó de ejecutar las obras públicas en la región del Lazio, donde se hallan Roma y el Vaticano. De ahí pasó al Gobierno central como responsable del Consejo Superior de Obras Públicas. Tras una vida dedicada a mejorar las infraestructuras italianas y vaticanas, Balducci, de 62 años, vive ahora en la cárcel romana de Regina Coeli.

La Curia es una anquilosada
maquinaria que cuesta 102,5 millones de euros. Los laicos han tomado el poder

Desde febrero, Balducci es el principal imputado en el escándalo de corrupción de la todopoderosa Protección Civil italiana, que de momento tiene a más de 50 personas imputadas o bajo investigación. Desde 2001 hasta ahora, el superministerio que depende de la Presidencia del Gobierno ha gastado fondos públicos por valor de 13.000 millones de euros, según el último informe de la Autoridad para la Vigilancia de los Contratos Públicos.
El dinero era gestionado por el jefe de la Protección Civil, el secretario de Estado Guido Bertolaso, también acusado de corrupción, y por el ejecutor de las obras, Balducci, gracias a una argucia autorizada por el primer ministro, Silvio Berlusconi, para superar la maldita burocracia y afrontar las emergencias con más rapidez: la licitación de contratas públicas se hacía sin concurso, a dedo, derogando los procedimientos ordinarios.
Ese trato especial creó un monstruo de mil cabezas. La Protección Civil de Berlusconi no solo se encarga de las calamidades. También organiza pruebas deportivas como el Mundial de natación, cumbres internacionales como la del G-8, restauraciones de museos y teatros, y todo tipo de actividades religiosas.
La investigación de los fiscales de Perugia vinculó desde el principio a la Iglesia católica con la trama corrupta. Descubrió, por ejemplo, que el cura Evaldo Biasini, de 83 años, gerente de la Congregación de los Misioneros de la Preciosísima Sangre de Jesús, guardaba grandes cantidades de dinero en efectivo para el constructor Diego Anemone, a quien los fiscales acusan de haber recibido numerosas contratas de la Protección Civil a cambio de comisiones, regalos y favores de toda condición, desde masajes en su club deportivo hasta reformas de pisos. Desde aquel día, el anciano Don Evaldo ha pasado a ser conocido como "Don Bancomat" (don cajero automático).
El "sistema gelatinoso", como lo definieron los fiscales en su escrito de acusación, "toca nombres de gran espesor institucional" y se expande por diferentes vías pías. La lista de eventos católicos organizados por la Protección Civil y pagados en estos años por el contribuyente italiano es larga, desde la Gira por Italia del Papa en el Año Paulino hasta las exequias de Juan Pablo II o las canonizaciones del Padre Pío y de San Josemaría Escrivá.

Los investigadores creen
que los pisos son el principal objeto de intercambio de favores entre Italia y
el Vaticano

Balducci fue nombrado gentilhombre por el Papa Wojtyla en 1995. Quince años después ha caído en desgracia y el Vaticano se ha visto obligado a cancelar su nombre del Anuario Pontificio. Pero su pecado, irónicamente, no fue robar. Balducci solo fue tachado de la lista cuando se hizo público que recurría a menudo a un tenor africano de la coral suplente de San Pedro para que le organizara citas con jóvenes seminaristas y sin papeles. Las escuchas telefónicas interceptadas al corista y el gentilhombre eran de este estilo: "Tengo un bailarín de la RAI". "Tengo un negro...".
Como Balducci, los caballeros papales destacan por sus contactos, su poderío y su patrimonio. En el índice abundan los banqueros, empresarios, príncipes, políticos y diplomáticos. Italia encabeza de largo la lista, con 114 gentiluomini. Les siguen, con siete, Estados Unidos, y con cinco, Austria y España.
Pocos meses después de llegar al trono en 2005, Benedicto XVI nombró sus primeros siete gentilhombres. Aunque la doctrina y la teología son los asuntos favoritos del Papa alemán, también le preocupa la eficacia organizativa. En esa primera lista apareció el personaje central de las peligrosas amistades Iglesia-Estado. Se trata del periodista y político Gianni Letta, de 75 años, secretario de Estado de Presidencia del Gobierno y número dos de facto del Ejecutivo de Berlusconi en 1994, 2001 y 2008, mentor y protector de Guido Bertolaso, heredero del estilo y el arte para la fontanería política de Giulio Andreotti.
Curiosamente, el poderoso Letta se convirtió en gentilhombre muchos años más tarde que el anónimo técnico Balducci. Ex forense, ex director de Il Tempo y ex periodista de Mediaset, vicepresidente de Fininvest Comunicaciones, supervisor de los servicios secretos y consejero externo de Goldman Sachs para inversiones en Italia, Letta es quizá el único berlusconiano que adora negociar. Se lleva bien con todos, y se comenta que es el único político italiano capaz de contentar a la masonería y al Opus Dei. Es el gran mediador, el hombre que levanta el teléfono cuando hay problemas.

En el club laico papal figuran
147 notables. El Papa ha echado a uno de ellos, Balducci, por un gran caso de
corrupción

Y su referente en la Curia es Ratzinger. "Bajo su apariencia de hombre religioso, la factura que pasa Letta al Vaticano es la más discreta, pero también la más cara", afirma el sacerdote y vaticanista Filippo di Giacomo. "El doctor Letta tiene tanto poder que se permite nombrar obispos a su conveniencia, como hizo hace unos meses en L'Aquila al promover a su amigo Giovanni d'Ercole".
En el plano familiar, Letta no está solo. Su sobrino Enrico es un alto dirigente católico del Partido Demócrata. Su hija Marina está casada con el restaurador Ottaviani: suyo es el monopolio de los caterings de la Protección Civil. Hasta ahora, el nombre de Letta solo ha aparecido de forma colateral en las 410.000 llamadas telefónicas que los fiscales tienen depositadas en Perugia. Aunque en noviembre de 2008 fue imputado por abuso de poder y estafa en un asunto que parece distinto pero no lo es tanto: supuestamente, medió a favor de una cooperativa del movimiento Comunión y Liberación para la contrata de un centro de asistencia para inmigrantes.
Cuando se destapó el caso de la Protección Civil, el Papa dedicó a Letta un "pensamiento especial" durante un discurso público. Cosa infrecuente, que significa: es un amigo. ¿Cómo se explica esa condescendencia en un Papa tan estricto? Según el filósofo Paolo Flores d'Arcais, el problema de Ratzinger es que está atrapado en un dilema existencial e histórico. "Estoy convencido de que su voluntad de limpiar la Iglesia de los dos pecados capitales, sexo y dinero, es seria", dice el director de la revista Micromega. "Su línea es la del concilio de Trento: dogmatismo a ultranza y ataque a los comportamientos inmorales. Quiere acabar con los curas pederastas y los prelados corruptos. Pero hacerlo supone un imposible: sentar en el banquillo a Wojtyla. Y eso no es tan fácil como pedir perdón por la condena a Galileo. Supondría reconocer que su antecesor encubrió a Paul Marcinkus (presidente del Banco vaticano IOR entre 1971 y 1989) y a Marcial Maciel (dirigente de los Legionarios de Cristo). Limpiar de verdad le obligaría a sacar a la luz porquería a granel y a despedir a media curia. Pero si no lo hace, la Iglesia seguirá perdiendo credibilidad. Ese es su dilema".
Letta es el perno de la alianza de Berlusconi con el cardenal Camillo Ruini, ex jefe de la Conferencia Episcopal Italiana y creador del proyecto cultural que ayudó a arrebatar a la izquierda la hegemonía intelectual e informativa en Italia. Cuando la Democracia Cristiana desapareció en 1993 bajo el seísmo de Tangentópolis (el escándalo de las comisiones de los partidos), sus componentes se repartieron entre Forza Italia y la católica Margarita del centro-izquierda. Luego, el católico Romano Prodi nombró a Guido Bertolaso jefe de la Protección Civil en 1996. Y el católico Francesco Rutelli, ex alcalde de Roma, puso a trabajar juntos a Balducci y a Bertolaso en el Año Santo del Jubileo.
Allí nació el sistema gelatinoso. El cardenal Crescenzio Sepe, que acaba de ser imputado por corrupción, era el secretario general del comité organizador jubilar. El Año Santo fue una mayonesa de negocios, obras, subvenciones, regalos, silencios y favores que ligó a altos funcionarios públicos con la curia del Opus Dei y los Legionarios de Cristo.
Protegido de Wojtyla, Sepe, ahora arzobispo de Nápoles, fue entre 2001 y 2006 el responsable de Propaganda Fide, hoy llamada Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Es el ministerio vaticano que se encarga de financiar las misiones y de gestionar el patrimonio inmobiliario vaticano. Y su asesor principal era Angelo Balducci.
La acusación sostiene que el cardenal Sepe concedió gratis uno de los 2.000 apartamentos que Propaganda Fide posee en Roma al jefe de la Protección Civil, Guido Bertolaso. Y que además vendió en 2004 un lujoso palacete romano a precio de ganga (entre tres y cuatro millones de euros, cuando valía nueve o diez) al entonces ministro de Infraestructuras, Pietro Lunardi, también acusado formalmente por esa operación. La hipótesis de los fiscales es que, a cambio, Lunardi financió con dinero estatal de la sociedad Arcus obras millonarias de Propaganda Fide que nunca fueron realizadas.
El cardenal se ha defendido acusando a sus superiores: "La Administración vaticana aprobó todas las operaciones", ha dicho. E insiste en considerarse un mártir: "Trabajé siempre con transparencia y por el bien de la Iglesia, una Iglesia siempre perseguida". Según Sepe, fue Francesco Silvano, otro de sus asesores en Propaganda Fide, miembro de Comunión y Liberación y actual ecónomo del arzobispado de Nápoles, quien le recomendó prestar y malvender las propiedades.
La investigación ha revelado que los pisos son el principal objeto de intercambio de favores entre Italia y el Vaticano. Jefes de los servicios secretos, de la Policía Fiscal, de los Carabineros, magistrados, políticos, empresarios y el propio Bruno Vespa, el periodista favorito de Berlusconi y de Wojtyla, viven o han vivido en apartamentos de Propaganda Fide.
El cardenal Sepe fue apartado de Propaganda Fide por Benedicto XVI, en lo que hoy parece un intento de alejar a la curia italiana, y a Comunión y Liberación, de la gestión inmobiliaria. Tras cinco años de papado, es un secreto a voces que Ratzinger no se fía de su curia, si exceptuamos un pequeño puñado de fieles. Aunque ha ido relevando al núcleo duro de Wojtyla, el Gobierno vaticano sigue en manos de grupos como el Opus Dei -sus portavoces se empeñan en negarlo-, la citada Comunión y Liberación y los Legionarios de Cristo, aunque hoy esté a punto de desaparecer como movimiento carismático para pagar por los delitos de su fundador.
Los movimientos eclesiales han ganado peso en el Vaticano desde el último concilio. En apariencia solidarios, luchan por el control de los mejores puestos y negocios, y en la refriega olvidan lo que haga falta del Evangelio y se dedican a un ajuste de cuentas permanente, mientras los creyentes asisten atónitos al espectáculo.
Los laicos eclesiales controlan amplios sectores de la política, la información, la empresa, la caridad, la educación, la sanidad y la magistratura. En Roma ejercen una influencia cada vez mayor, en estrecha y democrática connivencia con el centro-derecha ateo-devoto, pero también con la lánguida oposición del Partido Democrático y la curia de los buenos y felices tiempos del Papa viajero.
La fragilidad de las órdenes religiosas, castigadas por la escasez de vocaciones, ha favorecido la sofocante presencia de los laicos. "En 1998, Ratzinger alentó la integración laica durante un congreso organizado por Wojtyla", recuerda Paolo Ciani, miembro de la Comunidad de San Egidio, un movimiento eclesial que cuenta con 50.000 voluntarios repartidos por el mundo y solo 25 empleados. "Ratzinger releyó la experiencia de las órdenes religiosas y monásticas junto a la de los movimientos eclesiales, y reconoció a estas, con su dinamismo y competencia, un papel en la Iglesia. El mensaje era que para sobrevivir había que fiarse del rebaño fiel".
Hoy, la Curia romana es una ingobernable y anquilosada maquinaria que cuesta anualmente al Vaticano 102,5 millones de euros. La estructura depende de la Secretaría de Estado, una suerte de consejo de administración con un presidente (el secretario de Estado) y un director general (el sustituto), las dos únicas personas que tienen acceso directo al despacho del Papa. En el Vaticano trabajan 2.748 personas. De ellas, 778 son eclesiásticos, frente a 333 religiosos y 1.637 laicos (de estos, 425 son mujeres).
Los laicos han tomado el poder cooptando a obispos y cardenales menos cristianos de lo que se supone. "La nulidad de la curia se debe a su falta de formación y a su exceso de italianidad", explica el sacerdote y canonista Filippo di Giacomo. "De las diócesis llega el personal con cuentagotas porque a los obispos les cuesta enviar a sus mejores hombres. Las órdenes, antes cantera privilegiada de inteligencia y talento, tienen cada vez menos materia gris a la que recurrir. Los buenos llegan a obispos, y a la curia solo llega lo peor de cada familia".
Así ha nacido un sistema de poder mixto que confunde lo laico y lo religioso, la Iglesia y el Estado, Italia y el Vaticano, la curia con la élite civil. El sistema se basa en un enorme poder económico, sensación de impunidad, gusto por la omertà y el encubrimiento y la capacidad de infiltración.
La ambición de ese sistema es lograr la fusión fría entre Italia y el Vaticano. En sus esquemas mentales, esta nueva curia negociante y carnal no visualiza dos Estados, sino un único país que se podría llamar, abreviando, Vaticalia. " ¡Imposible fiarse de truhanes que usan a Dios para colmar su atrofiada vanidad!", dice el cura genovés Paolo Farinella.
La gran caja fuerte laica del momento se llama Comunión y Liberación (CL). Nacida en 1954 y denominada así desde 1969, está presente en 70 países; en Italia controla empresas, medios de información, diócesis, colegios, universidades, hospitales privados y públicos, e incluso un holding de cooperativas sociales, Auxilium, que gestiona varios centros de identificación y expulsión de inmigrantes para el Ministerio del Interior.
"Desde hace 20 años, CL es el brazo clerical de la ultraderecha milanesa", explica Di Giacomo. "Su estrategia es cultural y política. Sus curas pueblan los seminarios lombardos; sus prelados se movilizan lo que haga falta". Afirma también que sus jefes ideológicos dictan la ley en diferentes periódicos y que su presencia es constante en televisiones y radios: "Mandan a derecha e izquierda".
Roberto Formigoni es desde hace 15 años presidente de Lombardía, la región italiana con la renta más alta de Europa junto con la de París-Ile de France. Pertenece de pleno derecho, y no lo oculta, a Comunión y Liberación. Eso podría permitirle incluso aspirar a suceder a Berlusconi. En los últimos meses, el gobernador ha repartido entre los hombres de CL, más conocida como I cielini (los cielitos), los puestos fundamentales de la organización de la Expo de Milán 2015. Un paraíso de contratos públicos, privados y mixtos en el que la magistratura ha detectado ya la penetración de las mafias.
Casi cada día salen a la luz nuevas amistades peligrosas. Hace unas semanas, los jueces enviaron una comisión rogatoria al Vaticano porque sospechan que el tesoro oculto de la cricca (la banda) gelatinosa puede estar depositado en el IOR (Instituto para las Obras Religiosas). Y esta semana han reclamado por vía oficial los documentos de Propaganda Fide, la inmobiliaria de la Santa Sede.
Aunque el trabajo de los fiscales es exhaustivo, en Vaticalia se sabe que no lo tendrán fácil para apurar la verdad. El Vaticano sigue siendo un paraíso fiscal, el concordato le concede amplias cuotas de inmunidad y las cuentas secretas que prosperan a la sombra del IOR, la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica), la vieja Propaganda Fide y un largo número de sociedades participadas son el secreto mejor custodiado.
Pese a las apelaciones a la limpieza de Raztinger, las cosas no parecen haber cambiado mucho. Aquí los misterios se resuelven con tiempo. Con mucho tiempo. Balducci es de momento el gran chivo expiatorio. Durante 15 años, nadie vio nada ni sospechó nada: era un gentilhombre y las campanas tocaban a omertà. Hoy se habla de él, pero pronto todo volverá a su ser y la gelatina seguirá extendiéndose. A día de hoy, junio de 2010, los italianos todavía no tienen una ley de parejas de hecho; los inmigrantes sin papeles son considerados delincuentes y no se respeta el derecho de asilo; los homosexuales son agredidos cada día por la calle, y las mujeres que quieren someterse a inseminación artificial deben emigrar.

La Religión es el problema.

Los capos musulmanes de Cunit

FERRÁN BALSELLS - Tarragona - EL PAÍS-27/06/2010

Juicio contra los líderes de una mezquita por amenazar a una mujer sin velo - Expertos advierten de que el poder de los imanes desborda a los Ayuntamientos

Si a un musulmán de Cunit (Tarragona, 12.300 habitantes) le urge obtener un permiso de obras, la mediación del presidente de la mezquita local puede abrirle con presteza el despacho de los responsables del Gobierno local. Cuando una musulmana les molestaba por su comportamiento, el imán del municipio lanzaba críticas desde el oratorio para criminalizarla en el seno de la comunidad. El presidente de la Asociación Islámica de Cunit, Abderramán el Osri, y el imán de la localidad, Mohamed Benbrahim, conjugaron ambas estrategias para controlar al colectivo magrebí del municipio hasta erigirse en una suerte de caciques amparados por la permisividad del Consistorio, gobernado por el PSC desde que esta mezquita se fundó en 2001. Así lo advierte un informe interno que el Ayuntamiento redactó en 2009 -al que ha tenido acceso este diario- y que ya alertaba del excesivo poder acumulado por los dos líderes ahora imputados. Ambos serán juzgados este jueves por coaccionar y amenazar presuntamente desde finales de 2008 a una musulmana de la localidad que dejó de llevar velo: una mediadora municipal por cuyo cargo los acusados, al parecer, temieron perder influencia sobre los magrebíes de la localidad. El fiscal pide cinco años de cárcel para el imán, dos para la esposa y la hija de este, y cuatro para el presidente de una entidad cívico-religiosa, auténtico capo en la sombra que lleva una década dictando el paso de su comunidad.

Un informe desvela una estructura
caciquil islámica con respaldo municipal

"Estas tensiones no suelen aflorar, pero se repiten con distinta intensidad en el resto de mezquitas del país y en los municipios con fuerte presencia musulmana", advierte el investigador y experto en el islam, Jordi Moreres. "Algunos Ayuntamientos quedan desbordados porque no saben con quién dialogar", razona.
En Cunit, los dos líderes de la mezquita se erigen como único vínculo entre musulmanes y Administración. Un papel que fue incrementando el poder de los imputados. "Actúan como únicos interlocutores y no respetan los canales fijados por el Ayuntamiento", precisa el informe municipal. El presidente de la mezquita solía acudir a las plantas nobles del Ayuntamiento para gestionar asuntos con la naturalidad del que pasea por sus dominios, señalan varios funcionarios. Desde allí aceleraba o frenaba el papeleo de trámites para sus feligreses; o lograba que tal persona accediera o fuera rechazada en los cursos de formación que ofrece el municipio. El informe aprecia tintes de esta estructura caciquil bajo consentimiento municipal: "Se intenta que aborden sus asuntos a través de los técnicos, pero se dirigen a los políticos, que los atienden de forma directa". "Rechazan mantener conversaciones con técnicos municipales. Especialmente con técnicas, por ser mujeres".
Como ejemplo de su influencia, el informe destaca la recogida de unas 90 firmas de magrebíes que los imputados entregaron al Ayuntamiento para exigir el despido de la trabajadora supuestamente acosada. "Tomamos en consideración sus inquietudes", respondió en su día a los imputados la alcaldesa local, la también senadora por Tarragona, Judit Alberich.

Los jefes religiosos dictaminan a quién se
beneficia y a quién se margina

La situación supone una problemática más compleja que la ahora contemplada en la actual polémica sobre el burka: la incapacidad de la Administración local para gestionar las presiones lanzadas desde el liderazgo musulmán. En Cunit, la mezquita explota "las labores de acogida" que les asignaba el Ayuntamiento para "obtener más influencia y control sobre la comunidad". También para "segregar al colectivo de la población autóctona en edades cada vez más tempranas". El informe deja claro que la actitud municipal multiplicó la influencia de una mezquita radical: la vincula, de hecho, al movimiento salafista, corriente extremista del islam que defiende la ruptura con los valores occidentales. También la retrata como una especie de Ayuntamiento paralelo desde el que se fomenta la apología del radicalismo.
Y apunta explícitamente a los dos capos que se erigieron, primero, en el único punto de contacto del Ayuntamiento con la comunidad magrebí; después, en los hombres capaces de lo imposible a ojos de este colectivo, capaces de ayudar o hundir a sus seguidores, según les conviniera. "Tenían los contactos suficientes en el Ayuntamiento para facilitar las cosas", explica un técnico municipal que participó en la elaboración del informe y pide el anonimato para evitar represalias.
El informe no precisa si el Ayuntamiento consintió en aupar al imán a nivel de capo dentro de su comunidad. "Solo abordaba los problemas que creíamos urgentes afrontar", se limita a añadir Silvia Martínez, responsable de la Concejalía de Inmigración desde la que se elaboró el documento.