Pobreza y gasto social.

J.Manuel Marañón-Ejecutiva de CC OO de Cantabria- Fundación 1º de Mayo.-El Diario Montañés-13-12-2011

La pobreza es una situación que se da como resultado de causas sociales que se centran en la estructura de oportunidades de la población y en la cantidad y la calidad de la educación y la formación. En este sentido, es importante destacar el papel que tienen las políticas públicas en la lucha contra este fenómeno y en el fortalecimiento de la cohesión social.

Está en situación de pobreza la población cuyos ingresos están por debajo del 60% de la mediana de la renta disponible neta por persona y en situación de pobreza severa la población con ingresos por debajo del 40%.

Analizando los últimos datos disponibles sobre la situación de la pobreza y del gasto social en la Unión Europea y España podemos hacer tres consideraciones:

1. La crisis económica se está traduciendo en un aumento de la pobreza en la UE. España registra una mayor incidencia relativa de la pobreza que la media europea.

La población europea ha visto empeorar sus condiciones de vida y la cobertura de sus necesidades sociales. En concreto, la situación de algunos países es particularmente negativa, como por ejemplo, aquellos que se han incorporado recientemente a la UE.

Las personas en riesgo de pobreza representaban, en 2009, el 16% de la población de la UE-15, lo que supone un incremento de un punto porcentual con respecto al registrado en el año 2000. En España, la tasa de pobreza relativa ha aumentado 1,5 puntos porcentuales, pasando del 18 al 19,5%.

En 2009, destacan particularmente el conjunto de países que se han incorporado recientemente a la UE, que registran tasas de pobreza elevadas (entre el 20 y 25%). A este grupo de países le siguen otros como Grecia (19,7%), España (19,5%), Italia (18,4%) o Portugal (17,8%).

La población en situación de pobreza severa representaba, en el año 2009, el 5,3% de la población de la UE-27. En el caso particular de España, este indicador ofrece uno de los mayores incrementos al pasar del 6% en el año 2000 al 8,3% en 2009.

Es decir, que los datos muestran que España se encuentra a la cabeza de los países de la UE en los que existe un mayor porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de pobreza y en situación de pobreza extrema. Además, también destaca por ser uno de los países de la Unión donde existe una mayor desigualdad en la distribución de los ingresos de la población (índice Gini), siendo sólo superada por Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía y Grecia.

2. La pobreza no es uniforme, existen colectivos más vulnerables.

Las mujeres, los niños, las personas desempleadas, las que tienen un menor nivel de formación o las de más de 65 años sufren en mayor medida las situaciones de necesidad.

Las mujeres tienen un mayor peso en las situaciones de pobreza que los varones. En 2009, un 17% de las mujeres de la UE se encontraba por debajo del umbral de la pobreza, frente al 15% de los varones. Por países, los porcentajes oscilan entre el 27% de las letonas y el 10% de las holandesas. En el caso de las españolas, este porcentaje roza el 20%.

Atendiendo a los distintos grupos de edad, también se constata que el 19% de los menores de 16 años de la UE se encuentra en situación de pobreza. En este caso, los niveles de pobreza van desde el 32% de Rumanía hasta el 10% de Suecia. En España alcanza al 23% de los jóvenes. Lo mismo sucede con las personas de más de 65 años que, en 2009, alcanzan una tasa de pobreza del 17,8% para el conjunto de países de la UE-27. En España esta tasa es del 25%.

Tampoco hay que dejar de mencionar que existen diferencias según el nivel de estudios de las personas. En la UE, las personas con estudios primarios o secundarios de primer ciclo reflejan una tasa de pobreza comparativamente superior (23%) a aquellas que han alcanzado los estudios superiores (7%). En el caso de España, las personas con menor nivel de estudios registran tasas similares a la media europea, siendo ligeramente más elevadas en los niveles de estudios superiores. 

3. Existen diferencias significativas con respecto al gasto social en la UE.

El gasto social (protección social y educación), en la UE, representaba el 30% del PIB en 2007. España sigue situándose a gran distancia de esta cifra, aunque es cierto que forma parte de un conjunto de países en los que ha crecido ligeramente a lo largo de la última década. Dinamarca (37%) y Francia (36%) alcanzan los mayores niveles de gasto social en toda la UE. En el extremo opuesto, se sitúan Letonia (16%) y Estonia (17%). España se situaba en el 25%.

En 2008, en la UE-27 se gastaban en protección social 6300 €/habitante. De esta manera, se pueden destacar algunos países con un gasto por habitante en protección social (educación no incluida) superior al conjunto de la UE, tales como Luxemburgo (13800 €) o Países Bajos (9000€). Países como Irlanda (7000) o Italia (6800) tienen un gasto por habitante cercano a la media europea. Un tercer grupo es el compuesto por países con un gasto en protección social algo inferior a la media europea, por ejemplo, Grecia (5900) o España (5700). Un último grupo de países son aquellos con un gasto en protección social inferior a 2000€/habitante, como Rumanía (1700) o Bulgaria (1600).

Desgraciadamente, la perspectiva del gasto social a corto plazo apunta a un descenso significativo del mismo, con importantes repercusiones en la cobertura de las necesidades sociales de la población.

Por contra, es imprescindible desplegar mecanismos que afronten las situaciones de necesidad desde una perspectiva integral. A corto plazo, es urgente abordar las carencias coyunturales asociadas a la crisis.  Pero como la pobreza tiene un carácter estructural, es obligado plantearse medidas a largo plazo que aseguren la igualdad real de oportunidad para toda la población. Por esto mismo, deberían, por ejemplo, reforzarse las políticas educativas como un elemento clave para combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza, preservando en todo momento la cohesión social y generando una recuperación económica y de empleo duradera en el tiempo. Esto significa que las políticas sociales deben asumir un papel central en la redistribución de la riqueza, para mejorar de forma significativa las condiciones de vida de las personas, asegurando el pleno ejercicio de los derechos y libertades sociales.