Pobreza y gasto social.
J.Manuel Marañón
Este es artículo es un extracto para la prensa del trabajo que la Fundación 1º de Mayo ha publicado, trabajo realizado por Jesús Cruces, Luis de la Fuenette y Alicia Martínez y dirigido por Elvira S. Llopis
Cuándo hablamos de pobreza, desde CC OO, hablamos de una situación que se da como resultado de causas sociales, que se centran, básicamente, en la estructura de oportunidades de la población y en la mejora de la educación y la formación. Por lo tanto, la reducción de la pobreza pasa por mejorar las oportunidades y las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza.
En este sentido, es importante destacar el papel que han tenido (y siguen teniendo) las políticas públicas en el campo de la lucha contra este fenómeno y el fortalecimiento de la cohesión social, que se realiza a través de la participación social de la ciudadanía en el pleno ejercicio de los derechos. Son por tanto, el elemento visible del Estado de Bienestar, entendido como “contrato social” en el que los derechos políticos están vinculados a los derechos laborales y sociales, como por ejemplo el derecho al empleo, a la educación, la sanidad, la protección al desempleo, la jubilación o al acceso a la vivienda.
Se suele fijar el umbral de pobreza en relación al 60% de la mediana de los ingresos. Por lo tanto, decimos que está en situación de pobreza la población cuyos ingresos están por debajo del 60% de la mediana de la renta disponible neta por persona y en situación de pobreza severa la población con ingresos por debajo del 40%.
De acuerdo con el análisis de los últimos datos disponibles, fundamentalmente, de EUROSTAT, sobre la situación de la pobreza y del gasto social en la Unión Europea y España podemos sintetizar la situación en tres consideraciones:
1. La crisis económica se está traduciendo en un aumento de la pobreza y las desigualdades sociales en la Unión Europea. España registra una mayor incidencia relativa de la pobreza que la media europea.
La población europea ha visto empeorar sus condiciones de vida, así como la cobertura de sus necesidades sociales. La persistencia de una marcada desigualdad en la distribución de los ingresos y el aumento de los niveles de pobreza reflejan que en la última década apenas se han mejorado las condiciones económicas y sociales de la población. En este contexto, la situación de algunos países es particularmente negativa, como por ejemplo, aquellos que se han incorporado recientemente a la UE (Rumania, Bulgaria, etc.), así como los países del sur de Europa (España y Grecia, principalmente).
Así, las personas en riesgo de pobreza representaban, en 2009, el 16% de la población de la UE-15 , lo que supone un incremento de un punto porcentual con respecto al registrado en el año 2000. La crisis económica se está traduciendo en un aumento de la población en situación de pobreza, que si bien se produce de forma ligera en el conjunto de países de la Unión , en algunos países su impacto ha sido mucho mayor. En España, por ejemplo, la tasa de pobreza relativa ha aumentado 1,5 puntos porcentuales, pasando del 18 al 19,5%.
En 2009, destacan particularmente el conjunto de países que se han incorporado recientemente a la Unión Europea , como por ejemplo Letonia, Lituania, Rumania y Bulgaria, que registran tasas de pobreza elevadas (entre el 20 y 25%). A este grupo de países le siguen otros como Grecia (19,7%), Estonia (19,7%), España (19,5%), Italia (18,4%) o Portugal (17,8%), con porcentajes superiores a la media europea.
La población en situación de pobreza severa mantiene igualmente su peso en el conjunto de la población, incrementándolo ligeramente a lo largo de los últimos años. En el año 2009, el 5,3% de la población de la UE-27 se encontraba en esta situación, siendo superior a la media de los 15 (5,1%), así como a la registrada en el año 2000 (5%).
En el caso particular de España, este indicador ofrece uno de los mayores incrementos (de 2 puntos porcentuales), lo que supone pasar de un porcentaje del 6% en el año 2000 al 8,3% al final del periodo. Una tendencia que hace que se sitúe, por tanto, con el grupo de países que reflejan un mayor porcentaje de personas en situación de pobreza severa, en el que se encuentra también Letonia (11%), Rumania (10%), Bulgaria (8%) o Lituania (7%), entre otros.
Es decir, que los datos muestran que España se encuentra a la cabeza de los países de la Unión Europea en los que existe un mayor porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de pobreza, así como en situación de pobreza extrema.
Además, también destaca por ser uno de los países de la Unión donde existe una mayor desigualdad en la distribución de los ingresos de la población (medido a través del índice Gini), siendo sólo superada por Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía y Grecia.
2. La pobreza no es uniforme, existen colectivos más vulnerables.
En el conjunto de la población, las mujeres, los niños, las personas desempleadas, las que tienen un menor nivel de formación, o las de más de 65 años sufren en mayor medida las situaciones de necesidad.
Las mujeres tienen un mayor peso en las situaciones de pobreza que los varones. En 2009, un 17% de las mujeres de la UE se encontraba por debajo del umbral de la pobreza, frente al 15% de los varones.
Por países, destacan Letonia Bulgaria, Rumania, Estonia, España o Grecia, donde las tasas de pobreza de las mujeres se sitúan entre el 20 y el 27%. En cambio, los menores niveles se registran en países tales como la República Checa , los Países Bajos o Eslovaquia (entre el 9 y 11%). En todos los casos, y salvo contadas excepciones, las mujeres siempre alcanzan tasas de pobreza superiores a la media de cada uno de los países.
Atendiendo a los distintos grupos de edad, también se constata que el 19% de los menores de 16 años de la UE-27 se encuentra en situación de pobreza, 3 puntos por encima de la media registrada para el conjunto de la población.
En este caso, los mayores niveles de pobreza se registran en Rumania (32%), Letonia (25%), Bulgaria (24%), Lituania (24%), Italia (24%), Grecia (23%) y España (23%). En cambio, en países como Dinamarca, Eslovenia, Chipre, Finlandia y Suecia los niveles son significativamente inferiores (entre el 11 y 12%).
Lo mismo sucede con las personas de 65 años y más, que en 2009 alcanzan una tasa de pobreza del 17,8% para el conjunto de países de la UE-27 , registrando las tasas más elevadas en Chipre (48%), Letonia (47%), Bulgaria (39%) y Estonia (34%). España con una tasa del 25% se sitúa en sexta posición.
Es conveniente recordar, también, que el 8,4% de la población ocupada de la UE-27 se sitúa por debajo del umbral de la pobreza, lo cual permite constatar que una parte muy importante de la población, aún trabajando, tiene serias dificultades para cubrir sus necesidades económicas. Entre los distintos países destacan particularmente Rumania (18%), Grecia, (14%), España (11,4%), Letonia (11%) y Portugal (11%), entre otros.
Tampoco hay que dejar de mencionar que existen diferencias según el nivel de estudios de las personas. Así por ejemplo, para el conjunto de la UE , las personas con estudios primarios o secundarios de primer ciclo reflejan una tasa de pobreza comparativamente superior (23%) a aquellas que han alcanzado los estudios secundarios de segundo ciclo (13%) y superiores (7%), respectivamente. En el caso de España, las personas con menor nivel de estudios registran tasas similares a la media europea, siendo ligeramente más elevadas en los niveles de estudios superiores.
Por lo tanto, en España, frente al resto de países europeos, son especialmente relevantes los siguientes aspectos. La tasa de pobreza de la población de más de 65 años es un indicador de la menor capacidad protectora de las políticas sociales en España. Igualmente, la población infantil presenta una tasa más elevada que las europeas. Otro aspecto relevante en el caso español son los niveles de pobreza de la población trabajadora, que deja entrever las precarias condiciones laborales existentes en el mercado de trabajo y la menor calidad en el empleo.
3. Existen diferencias significativas con respecto al gasto social en la UE.
En el conjunto de la Unión Europea , el gasto social (protección social y educación) representaba el 30% del PIB en 2007, un porcentaje que se ha mantenido constante tanto en periodos de expansión como de crisis. España sigue situándose a gran distancia del gasto social realizado en la UE , aunque bien es cierto que forma parte de un conjunto de países en los que ha crecido ligeramente a lo largo de la última década. Por materias, existen significativas diferencias con respecto a las distintas funciones del gasto (con un mayor esfuerzo en áreas como la vejez, sanidad o infancia; y un mayor nivel de gasto relativo en la cobertura de desempleo y supervivencia).
Entre los distintos países merece la pena destacar la situación de Dinamarca (37%), Francia (36%), Suecia (35%) y los Países Bajos (33%), que alcanzan los mayores niveles de gasto social en toda la UE. En el extremo opuesto, se sitúan Letonia (16%), Estonia (17%), Rumania (17%) y Bulgaria (18%), cuyo gasto supera ligeramente la mitad de la media europea. España se situaba en el 25%.
En 2008, en la UE-27 se gastaban en protección social 6,3 mil euros por habitante. Este gasto en protección social por habitante es mayor en la antigua UE-15 (7,2 mil euros por habitante).
De esta manera, se pueden destacar algunos países con un gasto por habitante en protección social (educación no incluida) superior al conjunto de la UE , tales como Luxemburgo (13,8 mil euros), Países Bajos (9 mil euros), Suecia (8,9 mil), Dinamarca (8,7 mil), Austria (8,5 mil) o Francia (7,9 mil). Otro grupo importante es el formado por países con un gasto por habitante cercano a la media europea (7,2 mil euros para la UE-15 y 6,3 mil en el caso de la UE-27 ). En este grupo se puede incorporar a países como Irlanda (7 mil), Italia (6,8 mil) o Reino Unido (6,6 mil).
A pesar de estas consideraciones, la perspectiva del gasto social a corto plazo apunta a un descenso significativo del mismo. Más allá de los datos estadísticos consolidados, la información de los presupuestos muestra una fuerte caída del gasto público en todos los ámbitos. La política de ajuste iniciada en 2010 supone una significativa disminución del nivel de gasto social, con importantes repercusiones en la cobertura de las necesidades sociales de la población.
Entre las diversas medidas adoptadas por las diversas Administraciones Públicas destacan la suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011; la suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial; la eliminación de la retroactividad en prestaciones de dependencia; el recorte del gasto sanitario y educativo; así como declarar la no disponibilidad de créditos y la revisión del gasto de las propias Administraciones.
Y sin embargo, lejos de lo que sería deseable, las medidas que están llevando a cabo los Gobiernos para salir de la crisis indican que el camino es el contrario, lo cual supone condenar –en último término- a una gran parte de la población a la pobreza. Quedan todavía por conocer las consecuencias de los recortes sociales de las distintas Administraciones Públicas, que previsiblemente se traduzcan en una menor cobertura de las necesidades sociales.
Es imprescindible desplegar mecanismos que afronten las situaciones de necesidad desde perspectiva integral. A corto plazo, es urgente abordar las carencias más coyunturales, que son más evidentes en épocas de crisis (privación de recursos, acceso al empleo, etc.); pero no se puede olvidar que la pobreza tiene un carácter estructural, que obliga a plantear medidas a largo plazo, que aseguren la igualdad real de oportunidad para toda la población. Por esto mismo, deberían, por ejemplo, reforzarse las políticas educativas como un elemento clave para combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza, preservando en todo momento la cohesión social y generando una recuperación económica y de empleo duradera en el tiempo. Esto significa que las políticas sociales deben asumir un papel central en la redistribución de la riqueza, para mejorar de forma significativa las condiciones de vida de las personas, asegurando la participación de la ciudadanía y el pleno ejercicio de los derechos y libertades sociales.
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