El trabajo decente en España.

J. Manuel Marañón G.

Este artículo es un extracto del excelente trabajo de los compañeros Ramón Baeza, Fernando Rocha y Elvira S. Llopis, extracto preparado para enviarlo a la prensa regional de Cantabria. Si quereis ir  al trabajo completo no teneis más que utilizar este enlace: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3809&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171

Recientemente se ha celebrado el día mundial del trabajo decente. Probablemente, a muchas personas esto les parecerá un concepto totalmente subjetivo. En absoluto. La consideración de un trabajo decente se basa en un conjunto de indicadores estadísticos e información sobre los derechos del trabajo y su marco jurídico. Estos indicadores están marcados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Los indicadores estadísticos, a su vez, están clasificados en las siguientes categorías: indicadores principales, indicadores adicionales y contexto económico y social.

Conviene hacer un somero análisis del contexto económico y social en el que se desarrolla el trabajo decente en España. Decir de entrada que la crisis se ha cebado de manera despiadada en el empleo, generando una intensa destrucción del mismo que está afectando a la clase trabajadora de manera directa, privándola de su fuente básica de ingresos, pero también de manera derivada ya que, como consecuencia de las sucesivas medidas adoptadas en España se están minimizando o aún desarticulando los otros tres componentes del trabajo decente: derechos, protección social y diálogo social.

Y lo ha hecho en un contexto demográfico caracterizado por un volumen importante de población inmigrante, el 12, 2 % gran parte de la cual se halla en situación irregular y que desempeña su actividad laboral en forma de trabajo no declarado y que por tanto, carece de los mecanismos de garantías laborales y de protección social y cuyas cotizaciones se pierden para el conjunto de la ciudadanía

También es necesario subrayar que, desde el punto de vista demográfico, el contexto viene definido también por una dinámica de envejecimiento de la población y del incremento de la esperanza de vida, con lo que los tramos poblacionales que se encuentran dentro de lo que se denomina “vejez y gran vejez” crecen de manera acelerada.

Esto viene a suponer dos cosas: de un lado, un incremento en el gasto público destinado a las pensiones de jubilación. De otro lado, una demanda de prestaciones de carácter sociosanitario y de atención a las personas en situación de dependencia creciente Las proyecciones nos hablan de un colectivo de personas con gran dependencia y dependencia severa que alcanzaba algo más de 565.000 personas en 2005, y que alcanzaría cerca de las 800.000 personas en 2020. La atención necesaria a estas personas debería repercutir en la creación de empleo que se estimaba en 300.000 puestos de trabajo netos, pero no lo ha hecho porque más del 50% ha optado por el pago al cuidador/a familiar.

Una tercera cuestión de carácter sociodemográfico nos remite a la especial situación de precariedad del empleo ocupado por personas jóvenes en nuestro país, muy vinculada, a los elevados índices de fracaso escolar y abandono educativo temprano, pero sobre todo, vinculada a la perversión de determinadas formas contractuales y otras figuras destinadas originariamente a favorecer la inserción laboral de la población joven y que, por el contrario, no han logrado sino instalar a este colectivo en una forma cronificada de precariedad que a día de hoy continúa su escalada creciente.

Sobre estas realidades parciales, fragmentarias, han venido a sumarse otros elementos de profundo calado e incidencia general: de un lado, la reforma laboral, con su corolario en términos de reforma (impuesta) de la negociación colectiva; de otro, las políticas de contención del déficit público y su consecuente impacto en términos de Estado del Bienestar.

En cuánto a los indicadores estadísticos principales, decir que el indicador primero y básico del trabajo decente, que es el que viene definido estadísticamente en función de la relación entre la población en edad de trabajar (en el caso de España, se inicia a los 16 años) y el empleo, ha evolucionado a la baja en España desde 2005, perdiendo 8 puntos porcentuales entre 2007, en que esta relación suponía que el 65,7 por ciento de las personas en edad de trabajar estaban ocupadas, y 2010, año en que este porcentaje se ve reducido al 57,7 por ciento.

El segundo indicador al que hay que hacer referencia es la tasa de desempleo. En España, este indicador ha sido especialmente significativo y, pese a que su contención ha sido objeto de diferentes medidas el paro continúa creciendo, y situó en Agosto el número de personas paradas registradas en los Servicios Públicos de Empleo en 4.130.927.

En términos anuales, la tasa de desempleo en España, que en 2005 se situaba en el 9,2 por ciento, superior ya a la tasa de paro de la UE, que ofrecía valores del 8,9 en la UE-27 y 8,1 en la UE-15, alcanzó en 2010 el 20,1 por ciento duplicando tanto la tasa de paro de la UE -27, que se situaba en el 9,6 y también la de la UE-15, que ofrecía un valor del 9.

Por otro lado, la situación del empleo entre la población joven, que ya era preocupante antes de la crisis, comienza a ser insostenible: si en 2005, la tasa de paro juvenil en España se aproximaba al 20 por ciento, tres puntos superior a la media de la UE 15, en 2010 este indicador alcanza un valor del 41,6, 21 puntos porcentuales superior a la media de la UE 15, duplicándola. Lejos de mejorar, la tasa de paro para la población menor de 25 años en el primer trimestre de 2011 alcanzaba un valor del 45,4.

Con todo, es especialmente preocupante que el indicador propuesto por la OIT como significativo para la evaluación del trabajo decente al respecto, que es el de la población joven inactiva que no está estudiando, tenga unos valores por encima del 6 por ciento en España, un país en el que, no lo olvidemos, el porcentaje de abandono escolar prematuro, situado en el 28,4 por ciento en 2010, prácticamente el doble de la media UE15.

Por lo que se refiere a las condiciones laborales, tres indicadores son fundamentales en relación con el trabajo decente: la retribución percibida por trabajar, la jornada laboral y la siniestralidad laboral.

El salario suele ser la fuente principal de ingresos de trabajadores y trabajadoras y de sus familias: en torno al 70 por ciento del total de las rentas de la clase trabajadora provienen del salario en la Unión Europea; un 79 por ciento en el caso de España. Según datos de la encuesta anual de estructura salarial, el porcentaje de personas con unos ingresos iguales o inferiores al Salario Medio Interprofesional (SMI) se ha ido incrementando, pasando de constituir el 6,7 por ciento en 2005, a suponer el 10 por ciento en 2009. También según la misma encuesta, el 18 por ciento de personas asalariadas son trabajadores de baja remuneración en 2009 (con unos ingresos por hora que está por debajo de los 2/3 de la ganancia mediana), lo que supone un incremento de cuatro décimas con respecto al año anterior. En España las mujeres suponen el 64 por ciento del conjunto de trabajadores de baja remuneración.

Sin embargo, y precisamente en el punto de inflexión que viene determinado por el inicio de la crisis, el porcentaje de renta dedicada a las remuneraciones salariales ha disminuido, en tanto los excedentes empresariales han ido ganando peso.

Por otra parte, la duración de la actual situación hace que la cobertura de las prestaciones por desempleo haya ido disminuyendo paulatinamente, situándose en torno al 71 por ciento actualmente. Asimismo, cae la cobertura por prestaciones contributivas hasta el 50,6 por ciento, creciendo las prestaciones asistenciales.

Siendo así, no es de extrañar que, de la conjunción de la destrucción de empleo, de la ausencia de oportunidades para acceder al empleo, y del viraje hacia el enriquecimiento, el empobrecimiento de la clase trabajadora se haya incrementado a partir de la irrupción de la crisis, empobrecimiento que las transferencias sociales no han podido atemperar.

A pesar de ello, la media de horas semanales habituales en España se sitúa en 41,7 horas, es decir, una hora y 42 minutos por encima de la jornada semanal de 40 horas. En el periodo analizado sigue siendo ligeramente superior a la media de la Unión Europea.

En cuanto a la siniestralidad laboral, sin duda uno de los elementos más determinantes para identificar el trabajo decente, hay que reseñar que España mantiene a lo largo del tiempo una incidencia notablemente mayor que la media de la UE 15.

Los datos disponibles apuntan a que esta incidencia se ha reducido, probablemente como efecto de la reducción en la población ocupada del sector de la construcción, así como de la expulsión del mercado de trabajo de la población con menor experiencia, pero a pesar de ello, mantiene el mayor índice de incidencia de todos los países de la UE-15

Así, España es el país de la UE15 con mayor siniestrabilidad.  En 2008, España tenía  4.820 accidentes cada 100.000 trabajadores/as. Los siguientes países con mayor siniestrabilidad  eran Bélgica con 3.020 y Alemania con 3.002. Los países con menor sinisestrabilidad eran Gran Bretaña con 818, Irlanda con 889 y Suecia con 905.

Aunque nos falta reseñar muchos indicadores, indicadores que van desde la tasa de empleo sumergido hasta el porcentaje de PIB gastado en seguridad social pasando por la tasa de estabilidad en el empleo, sí podemos decir que queda mucho trecho, en España, para decir que el trabajo decente esté generalizado entre el conjunto de los trabajadores/as.