La formación en la Ley de Economía Sostenible.

J. Manuel Marañón.

Para empezar y en estos momentos, a finales de enero, nos preguntamos ¿quién se acuerda de la Ley de Economía Sostenible? Casi nadie. Y ello fundamentalmente porque es una ley necesaria pero que se ha presentado tarde y mal.

Desde CC OO veníamos advirtiendo desde principios de siglo que en todas partes y, singularmente, en España, estábamos asistiendo a un modelo de desarrollo insostenible y que, tarde o temprano, estallaría por alguna parte.

Es más, nadie con responsabilidad política y económica nos contradecía pero nadie hacía nada. Y al final todo estalló y, al final, lo paganos somos los de siempre. Los trabajadores y las trabajadoras.
Un gobierno coherente habría presentado esta ley en 2005. Y, así, cuando estalló la crisis tendríamos muchos desarrollos normativos hechos y estaríamos poniendo en marcha las medidas que nos permitieran conseguir el objetivo que nos proponemos. Pero no, hemos vivido al día y, ahora, en medio del drama de la crisis parece más un brindis al sol que una herramienta de solución de los problemas.
Curiosamente, sí parece que se habla de un futuro a medio plazo en el tema de las pensiones. Un retroceso en toda línea de los derechos de la clase trabajadora. Y, cuando leáis estas líneas, vosotros mismos podréis analizar si la propuesta de reforma laboral profundiza en el camino del recorte.

Y, más allá de las justificaciones políticas, económicas, sociales y hasta procedimentales, a uno le queda la sensación, casi la certeza, de que, en 2005, los poderes económicos y financieros no hubieran visto con buenos ojos que una ley de economía sostenible pusiera coto a su depredación y, ahora, exigen recortes de derechos para volver a un escenario propicio para continuar con esa depredación.
Luego, como es habitual en este país, parece que una ley que habla de bastantes cosas solamente habla de una: las modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual, que no es más que una disposición final entre 137 artículos, 9 disposiciones adicionales, 8 transitorias y otras 21 finales.
Es una ley que habla, entre otras cosas, de órganos reguladores, de mercados financieros, de sostenibilidad financiera de las AA.PP., de simplificación administrativa en la gestión empresarial, de la sociedad de la información, de ciencia e innovación, de formación, de modelo energético sostenible, de reducción de emisiones, de transporte, etc.
Centrándonos en el aspecto más puramente formativo, la Ley dedica 4 artículos a la Universidad y, nada menos, que 16 a la FP.

En el ámbito de la Universidad se fija como objetivo, ya, incluso en el título de la sección, la transferencia del conocimiento y, fundamentalmente, de la transferencia al tejido productivo, estableciendo como marco de trabajo la Estrategia Universidad 2015 y como herramienta de desarrollo los Campus de Excelencia Internacional.
En principio, parece que suena bien, pero como siempre son los desarrollos de la propia ley los que concretan el amplio abanico de posibilidades y, en este caso podemos derivar hacia una sumisión de la universidad a los designios empresariales o, por el contario, hacia una mayor asunción de su responsabilidad social.

Y ¿qué entendemos por responsabilidad social de la Universidad en CC OO? Voy a transcribir dos párrafos del artículo que Elvira S. Llopis escribió para el anterior suplemento de Cantabria del TE.

Decía Elvira que, en lo tocante a la Universidad, “se trata de investigar los problemas sociales y económicos, de analizar las necesidades de los ciudadanos y buscar alternativas, tanto en lo global, como en lo local: a la crisis económica, al desarrollo sostenible, al hambre, a la pobreza y al desarrollo social del entorno más próximo. Se trata de innovar y transmitir el conocimiento y el espíritu crítico, de enseñar lo necesario para ejercer una profesión, pero también de impulsar la reflexión, difundir el arte y la cultura, el humanismo y la formación a lo largo de toda la vida”.

Y remataba, diciendo que “conocimiento e investigación, que son las dos actividades básicas de la Universidad deben contar con herramientas potentes que garanticen su transferencia a la sociedad de la que también forma parte el entorno productivo; esas herramientas existen y ya han demostrado su eficacia, aunque posiblemente precisen de una revisión y reordenación para su mejora, como precisan, sin lugar a dudas, de una financiación suficiente que no interfiera ni pervierta la función social de la Universidad dejándola cautiva de estrechos criterios de mercado”.

Esta misma filosofía es aplicable al Capítulo dedicado a la FP. Efectivamente, la música suena bien: integración de los subsistemas, certificación de competencias, relación con el mundo productivo, incluso, de la ley puede deducirse una cierta apuesta por una dirección educativa en la línea de la formación a los largo de la ida.
Pero, permitidme que sea escéptico. Y ello por una serie de razones que apuntaré a continuación.
El tema de la integración de lo subsistemas, aparte, de tener una lógica aplastante en la línea antes apuntada de formación a lo largo de toda la vida, tiene, también, la virtualidad de optimización de los recursos públicos existentes. Pero llevamos hablando de ello más de una década, no es una cosa nueva. Y aparte de lo enormes intereses creados en torno a la formación para el empleo, son las propias administraciones las primeras responsables de su atasco por la rivalidad existente entre la autoridad educativa y la laboral como se vio de manera patética en el último plenario del Consejo Estatal de la FP.
También, se habla de la certificación de las competencias profesionales. Aquí, todavía estamos en peores circunstancias. En Cantabria, por ejemplo, estamos pendientes de que se defina este aspecto desde 2007. Para CC OO debe ser un organismo público e independiente el que se encargue de este campo puesto que será lo que dé validez real a esos certificados. Organismo cuya puesta en funcionamiento no podemos postergar indefinidamente, es más, es imprescindible que entre en funcionamiento este mismo año.
Y un tercer aspecto, la relación centro de formación- entorno productivo. La ley prevé crear algún órgano consultivo que puede llevar a tener una visión alicorta de la realidad económica y social y que puede llevarnos a la sumisión de los centros de formación a las necesidades puntuales de las empresas.
Me refiero a los órganos territoriales de participación que van a ser los que propongan las necesidades formativas en base a las necesidades productivas del territorio con una participación capital de las empresas.
Si luego las Administraciones Públicas hacen un seguidismo mimético de estas propuestas es cuando tendremos una formación al servicio de esa empresa y no al servicio del ciudadano/a que acude al centro de formación.
Y no lo digo, solamente, porque cualquier formación debe ir más allá del mero aprendizaje o perfeccionamiento de una profesión, que también, sino porque, en un mundo globalizado, si nos ceñimos a las meras necesidades formativas concretas de las empresas del territorio, estamos cortando posibilidades de acceso a otros mercados laborales más amplios en los que estén surgiendo necesidades que, por lo que sea, no sean interesantes a las empresa de ese territorio. Y que conste que con la ley en la mano, en Cantabria podrían constituirse más de media docena de esos organismos territoriales.
En resumidas cuentas, una ley que se ha presentado tarde y mal y que implica que las organizaciones sindicales debemos estar tantos para que sea un buen instrumento para el acceso y la mejorar en el empleo para los trabajares y trabajadoras y no que solamente sea un instrumento al servicio de los intereses pacatos de una cierta clase empresarial.