Violencia escolar y legitimidad democrática.
J. Manuel Marañón.
La semana pasada se ha producido un incidente entre un padre y el Director del Colegio de Nueva Montaña que ha acabado en una agresión ¿mutua?. Partiendo de que la versión del director del colegio me parece absolutamente verosímil, es interesante no quedarse en el mero incidente y analizar y extrapolar social y educativamente algunos detalles.
Si atendemos a las declaraciones de miembros de la comunidad educativa, el suceso es realmente extraño. El Director es un profesional competente que siempre ha tenido un trato exquisito con los padres y madres, dicen unos, cosa que no me extraña puesto que conozco su trayectoria profesional (somos de la “quinta”). El padre es un hombre muy correcto, dicen otros.

Pero el suceso no es tan extraño si analizamos las cosas un poco más en profundidad. Y lo digo porque es fácil de constatar que hay una sorda campaña de deslegitimación de las instituciones democráticas por parte de amplios sectores religiosos, de una buena parte de la derecha e, incluso, por algunos que, supuestamente, se dicen de izquierda.

Y digo esto porque el padre del incidente es miembro de una corriente ultracatólica y algunos lo van a querer reducir a la reacción de un exaltado religioso. Si fuera así, no habría que preocuparse demasiado. Seria un incidente aislado y como tal habría que tratarte.

Pero, desgraciadamente, no es así. La reacción del padre es la expresión de un caldo de cultivo que si no estamos atentos se extenderá como una metástasis por la sociedad democrática.

Desde la jerarquía católica y desde los sectores sociales más conservadores se está cuestionando permanentemente la legitimidad del Gobierno para tomar medidas en ciertos aspectos de la vida individual y colectiva que ellos consideran de su exclusiva competencia. Eso es así si hablamos de ampliación de derechos civiles generales o de colectivos específicos. Y es así en temas como la educación en los cuáles no quieren soltar la rienda porque tienen miedo de que personas educadas en la libertad ideológica y crítica ponga en solfa postulados que creen sempiternos.

Y en este contexto se inscribe su campaña contra una materia tan imprescindible en la sociedad de hoy como es la Educación para la Ciudadanía

¡Ah¡ y ahora pide, Rouco Varela, participación en el Pacto Educativo que se esta impulsando desde el MEC. ¡vaya jeta¡. ¿Son políticos elegidos por el conjunto de la ciudadanía?. ¿Han sido elegidos en unas elecciones sindicales por los trabajadores y trabajadoras del sector?. ¿Les han elegido las organizaciones de padres y madres como representantes suyos? ¿Son acaso dirigentes de las organizaciones estudiantiles?. En fin, el Gobierno, por cierto muy timorato con una Iglesia Católica que cuestiona permanentemente su legitimidad, haría bien en negociar, exclusivamente, con representantes políticos y con los representantes de los diversos sectores de la Comunidad Educativa.

Y lo más curioso es que desde algunos otros ámbitos, también se cuestionan legitimidades. Leí, en el Diario Montañés a principios de verano, una carta de un grupo de profesores que pedían más horario para la Historia del Arte. Legítimo, aunque si se hiciera caso a lo que cada colectivo profesional pide ni 60 horas semanales de clase serían suficientes. Lo que me produjo una mezcla de asombro e indignación fue que tildaran al Gobierno de Cantabria como "supuestamente democrático". Esa expresión me llevó a una doble reflexión. Por una parte, expresiones como estas multiplicadas convenientemente son la antesala del fascismo y, por otra parte, me dio la impresión de ser la expresión de quién cree que la legitimidad de un gobierno solo se da si hace lo que ellos consideran justo.

Pero, volviendo a la campaña contra Educación para la Ciudadanía, el padre del asunto, lógicamente, considerará al Gobierno como no legitimo para planificar el curriculum escolar de sus hijos e hijas, se dirá que si no es de recibo que un Gobierno ilegítimo imponga Educación para la Ciudadanía, tampoco lo es que imponga otras materias que él, por supuesto legítimamente según cree, entiende que no deben estar en ese curuiculum.

En resumidas cuentas, el director no ha sido más que el funcionario público que “ha recibido el castigo que se merece un Gobierno ilegítimo que quiere imponer cosas ilegítimas”.

Para finalizar, a muchos de los que se les llena la boca de leyes para reforzar la autoridad del profesor, tengo que decirles que menos leyes y más actitudes de convivencia democrática, o dicho de otra forma, más lecciones de Educación para la Ciudadanía