El Diario Montañés-04.06.2011
Entre los días 16 y 19 de mayo se celebró en Atenas el Congreso de la CES (Confederación de Sindicatos Europeos), un congreso en el que se reúne al conjunto del sindicalismo europeo, que representa a algo más de 60 millones de afiliados y afiliadas y en el que se ha elegido presidente a Ignacio Fernández Toxo. Las discusiones se han centrado en torno a diez ejes que constituirán los objetivos por los que la CES trabajará en el próximo periodo. Es interesante citar estos diez objetivos.
Hablamos de trabajar por una gobernanza económica europea justa, por un empleo de calidad y sostenible, por una regulación financiera eficaz contra el capitalismo de casino, por el reforzamiento del modelo social europeo, por un modelo productivo y de desarrollo justo y sostenible, por una mayor igualad y cohesión social, por una movilidad justa y equitativa, por la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, por una Europa más fuerte que trabaje por una globalización justa y por un verdadero diálogo social a todos los niveles.
El contexto socioeconómico y laboral en el que se ha producido este Congreso de la CES está caracterizado por la promoción, desde las instituciones europeas, de unas políticas socialmente injustas, con influencia decisiva en los ámbitos nacionales. Políticas que suponen una ofensiva contra el modelo social europeo, en el que las estrategias de la Unión Europea, basadas en las políticas de recorte, en nuevos ajustes presupuestarios y en la presión a la baja de los salarios y las condiciones de trabajo, está añadiendo nuevos obstáculos a la recuperación del crecimiento de la economía y del empleo.
Esto es palpable si consideramos la continuidad de la recesión en Grecia e Irlanda, la recaída en ella de Portugal y el estancamiento de España y otros países lo que indica que las políticas de recorte no sólo son injustas, sino que además son erróneas. Deprimen fuertemente la demanda interna, el crecimiento y el empleo y con ello no permiten alcanzar los objetivos de reducción de los déficits y la discusión sobre un nuevo rescate de la propia Grecia viene a ponerlo de manifiesto. Todo ello está conduciendo a un desapego de la ciudadanía del proyecto europeo y a una profunda crisis política de la misma UE. Por cierto, la armonización fiscal, imprescindible en la Zona Euro para concebir una alternativa de reducción de los déficits públicos y de salida de la crisis que se base en un reparto mínimamente justo de sus cargas, casi ni se menciona.
La Unión Europea con más de 23 millones de parados en los Estados miembros, paro que está afectando de manera dramática a la población joven, con un crecimiento cada vez mayor de la desigualdades sociales y un ensanchamiento de las zonas de exclusión y pobreza, corre el riesgo de dejar de ser la región del planeta en la que la convivencia de políticas de empleo expansivas, con fuertes estados del bienestar posibilitaron crecimiento, desarrollo y altas cotas de bienestar social. Para conseguir los objetivos planteados en los ejes de discusión, el sindicalismo europeo tiene la imperiosa necesidad de responder al reto de articular nuevas iniciativas y mecanismos de vertebración organizativa de las organizaciones nacionales, que lejos de replegarse tienen que fortalecer el trabajo y la acción sindical europea. Es urgente que la CES se constituya en un interlocutor de primer orden frente a los organismos y las instituciones dónde se toman las grandes decisiones de política socioeconómica y, en primer lugar, frente a la UE. Cuándo el 50% de la masa salarial mundial depende directamente de las estrategias de empresas transnacionales o superamos los discursos nacionales o la labor sindical se dedicará a actuar sobre los efectos de las decisiones pero nunca podrá tener influencia en esas decisiones
Para avanzar en el camino de la consecución de los antedichos objetivos se exige fortalecer el discurso sindical, combatiendo las tesis neoliberales que sostienen que la existencia de un sistema de derechos y garantías resulta incompatible con un crecimiento económico competitivo. De donde se desprende, según estas tesis, la necesidad de reducir, flexibilizar o desregular buena parte de los elementos básicos que configuran el derecho laboral que es parte sustancial del modelo social europeo, esto es, un sistema de derechos y garantías.
Frente a estas tesis la CES tiene que hacer valer sus propuestas que van desde una nueva regulación del sistema financiero que conlleve, entre otras cosas la implantación de un impuesto a las transacciones financieras hasta un Plan europeo de inversiones de un valor equivalente al 1% del PIB siempre con el horizonte de cambiar el modelo económico hacia una economía verde con una «transición" justa, todo ello regido por un real Gobierno económico de la UE que incluya fiscalidad, políticas industriales, energéticas y medioambientales y que se plantee reducir los déficits públicos mediante el reparto de cargas y el acuerdo social.
En resumidas cuentas, la CES plantea la rectificación de unas políticas económicas y sociales que se han demostrado erróneas para el bienestar de las personas y la entrada en una dinámica en la que el bienestar de las personas sea el centro de la cuestión para lo que es imprescindible la preservación del modelo social europeo.
