
martes, 11 de agosto de 2009

miércoles, 5 de agosto de 2009

Están crecidos (los empresarios).
El Sr. Mirones, presidente de CEOE-CEPYME, ha manifestado públicamente la necesidad de iniciar el camino hacia la gestión privada del conjunto de los Servicios Públicos. Para comenzar, propone que se comience por el suelo público para VPO, el turismo y la sanidad.
Algunas consideraciones:
1. La patronal está crecida. Pone encima de la mesa programas máximos, no solo en lo laboral sino, también, en lo social. Y espera que haya mucha gente que se olvide de que entre sus filas, las de la patronal, están los responsables directos de esta crisis. Y desde la izquierda no debemos desdeñar ese riesgo de olvido.
2. Si se produce ese olvido, si las cosas no se acaban de enderezar en el campo de lo económico y lo laboral, el culpable….el “porco gobierno”. Y por lo tanto habrá que votar a la oposición con la que nos reunimos frecuentemente para coordinar estrategias. Nosotros, la patronal, ya les hacemos de voceros de su programa oculto.
3. Pero, en Cantabria, no debemos temer nada. No se va a privatizar la sanidad aunque vuelva el gobierno el PP. Y lo digo por que la pasada primavera estuve en una manifestación contra la privatización de la gestión del archivo de Valdecilla. Era un aviso al Gobierno por si pretendían seguir por ese camino. Y en esa manifestación estaban altos dirigentes del PP. Por lo tanto, deduzco que no solamente no van a privatizar sino que están dispuestos a revertir la situación del archivo hospitalario una vez venza la concesión actual.
4. ¿O no? ¿O es que el PP en su línea de irresponsabilidad institucional permanente, sobre todo, cuándo está en la oposición, se apunta a cualquier cosa que desgaste al gobierno aunque el lema vaya contra su forma de pensar?.
5. Adjunto a continuación un artículo que ha hecho Vinçenc Navarro para la Fundación Sistema sobre el modelo sanitario estadounidense. Solamente, esto y la permanente noticia de los que está sucediendo en el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid tenía que vacunarnos contar las “echadas” de Miguel Mirones.
El modelo liberal sanitario: EEUU
* Vicenç Navarro.NUEVATRIBUNA.ES - 3.8.2009PARA FUNDACIÓN SISTEMA...
Existe en España una presión, que procede primordialmente (pero no exclusivamente) de las derechas, de privatizar la sanidad y expandir el aseguramiento sanitario privado a base de ofrecer desgravaciones (es decir, subsidios públicos) a las pólizas de aseguramiento privado sanitario. Sería deseable que tales proponentes visitaran y conocieran el sistema sanitario estadounidense, que está financiado (en su mayoría) de forma privada, a base de pólizas a las compañías de seguro sanitario privado, las cuales gestionan el sistema...
Se darían cuenta, rápidamente, de que tal sistema de financiación y gestión de la sanidad es la causa de que la sanidad estadounidense se haya convertido en el problema doméstico número 1 en aquel país. Ni que decir tiene que EEUU dispone de centros sanitarios excelentes y la formación del personal sanitario es de elevadísima calidad. Pero, como ya bien dijo el filósofo Hegel en el siglo XIX, la totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Los componentes del sistema pueden ser excelentes y, en cambio, la totalidad puede ser enormemente deficiente. Y esto es lo que ocurre precisamente con la sanidad de aquel país.Pero veamos primero las características del sistema de financiación sanitaria de aquel país. Tal sistema se estableció inmediatamente después de la II Guerra Mundial. Las izquierdas, (los sindicatos y los movimientos sociales) querían establecer un sistema de financiación pública, propuesta que contaba con el apoyo del Presidente Truman. Las derechas (el mundo empresarial y el capital financiero –banca y compañías de seguro-) se oponían a aquella propuesta, apoyando en su lugar la ley Taft-Harley Act, aprobada por dos terceras partes del Congreso de EEUU (dominado por el Partido Republicano y por los congresistas del Partido Demócrata procedentes del Sur, la región mas conservadora de aquel país). Esta mayoría permitió aprobar la ley, a pesar del veto del Presidente Truman. Esta ley estableció que la cobertura sanitaria se debe negociar en los altamente descentralizados convenios colectivos (empresa por empresa), y tiene que ser financiada con las pólizas de aseguramiento sanitario privado, pagadas conjuntamente por empresarios y trabajadores de cada empresa. Las compañías de seguros privados acuerdan, a su vez, con los proveedores de servicios (tales como médicos y hospitales) la provisión de la atención médica.El 65% de la población estadounidense tiene su cobertura sanitaria relacionada con su lugar de trabajo. Como consecuencia de este tipo de financiación, aquellos trabajadores que tengan sindicatos fuertes en su lugar de trabajo, es probable que consigan una cobertura extensa (aunque nunca tan extensa como la existente en los países de la UE-15). Pero donde los sindicatos sean débiles o no existan, la cobertura sanitaria de los trabajadores es muy insuficiente o, incluso, pueden no tenerla. De ahí la enorme variabilidad en el grado de cobertura sanitaria que la ciudadanía tenga. Las personas que no trabajan o las que trabajan en centros de trabajo donde los empresarios no quieran (no es mandatario que lo hagan) o no puedan pagar la póliza de aseguramiento sanitario, pueden asegurarse con pólizas individuales, muy caras en caso de tener una enfermedad crónica.Este sistema fue resultado de la alianza política entre las grandes empresas de EEUU y las compañías de seguro. Las primeras querían controlar a la fuerza del trabajo pues, cuando el trabajador pierde su puesto de trabajo pierde, no sólo su salario, sino también su cobertura sanitaria y la de su familia. El impacto disciplinario de tal sistema es enorme. El trabajador se lo piensa dos veces antes de enfrentarse con el empresario. Ésta es la causa de que EEUU sea el país de la OCDE que tenga menos días de huelga al año. Ello explica que los sindicatos siempre hayan intentado desligar la cobertura sanitaria de la situación laboral del trabajador, promoviendo la universalización de la cobertura sanitaria (tal como propuso el grupo de trabajo de la Casa Blanca, presidido por la Sra. Clinton, del cual yo era miembro). Esto significaría que todo ciudadano o residente tuviera derecho de acceso a los servicios, derecho al que se oponía, hasta hace poco, el gran mundo empresarial, que prefiere que la cobertura sanitaria se haga a través de las empresas, para controlar mejor a los trabajadores. Esta oposición empresarial, sin embargo, comienza a diluirse, puesto que el enorme encarecimiento de las pólizas de seguro sanitario hace que General Motors, por ejemplo, gaste en aseguramiento sanitario para sus empleados más que en cualquier otro input de la producción en automóviles (sea éste acero, neumáticos, o lo que sea). Por cada coche fabricado, General Motors destina 1.600 $ a tal capítulo, mientras que Toyota en Japón destina sólo 74 $ (en impuestos) como su contribución a cubrir la sanidad de los ciudadanos (que son sus empleados). De ahí que algunos empresarios comiencen a tener dudas de los beneficios de tal sistema, pues afecta negativamente su competitividad internacional.El otro grupo de presión que se beneficia de tal sistema son las compañías de seguro sanitario privadas que, después de las farmacéuticas, son las que tienen los beneficios más elevados de EEUU (12.000 millones de $ en 2007). La persona mejor pagada en EEUU es William McGuire, presidente de la Compañía de seguros sanitarios privados United Health Group, que recibe 37 millones de dólares al año, más 1.776 millones en acciones de tal compañía. Los dirigentes de tales compañías son, según el The New York Times (09.04.05), los ejecutivos con los ingresos más exuberantes.Este maridaje de intereses ha forjado un sistema que se caracteriza por:1. Ser enormemente caro. El gasto sanitario representa el 17% del PIB. El gasto público sanitario per cápita de EEUU es el más alto del mundo, 6.397 dólares (en dólares estandarizados para comparar la capacidad adquisitiva del dólar en varios países), mucho más alto que el francés (el más alto de la UE: 3.306 $), el alemán (3.251 $), el británico (2.580 $), el japonés (2.474 $) y el español (2.260 $). Y este gasto público se invierte en cubrir el 51% de los gastos de asistencia sanitaria a los ancianos (Medicare), el 12% de los pobres llamados indigentes medios (Medicaid) y a las Fuerzas Armadas.2. Ser muy insuficiente, pues a pesar de los enormes costes, 48 millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria, y 93 millones tienen una cobertura insuficiente, es decir, que su seguro sanitario privado es muy limitado, teniéndose que gastar más del 10% de su ingreso familiar para pagar directamente sus facturas médicas.3. Alcanzar niveles de crueldad. El 40% de las personas que se están muriendo manifiestan que están preocupadas por como ellos o sus familiares pagarán sus facturas médicas.4. Ser muy impopular, pues sólo el 21% de la población está satisfecha con su sistema sanitario (comparado con el 64% de Francia).La pregunta que uno se hace es “¿Por qué no se cambia el sistema de financiación sanitaria?”, y la respuesta radica en la privatización del proceso electoral en EEUU. Las campañas electorales de los candidatos las financian los grandes grupos económicos y financieros, incluyendo las compañías de seguros. Estas últimas, por ejemplo, aportaron 525.188 dólares a la candidatura Clinton, 414.853 al candidato Obama, y 277.724 a McCain (que recibió menos porque tal industria creía que no tenía muchas posibilidades de ganar). De ahí se deriva que la clase política sea muy reticente a enfrentarse a las compañías de seguro, que son las que financian sus campañas. De ahí la gran frustración de la población hacia Washington, que representa el maridaje entre los grupos empresariales y financieros y la clase política. ¿Es éste el modelo liberal que las derechas (y algunas voces de centroizquierda) desean para España?
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), profesor de Políticas Públicas en la Johns Hopkins University (en Baltimore, EEUU) y director del Programa Políticas Públicas y Sociales (Universidad Pompeu Fabra- The Johns Hopkins University).
martes, 4 de agosto de 2009

Robson, pasión por el balón y la vida
JOHN CARLIN- El País-03/08/2009
viernes, 17 de julio de 2009

REFLEXIONES DEL PASIEGO
El Informe PISA y las hipócritas alusiones a Finlandia.
Hace unos días, sentado en una terraza en Santiago de Compostela, oí, en la mesa contigua, una acalorada discusión sobre temas educativos, comparando lo malo del sitema educativo español con las bondades del finlandés. Por eso, reproduzco a continuación un artículo mío publicado en el Diario Montañés (18-12-07) y otros medios que creo que tiene absoluta vigencia.
Cada tres años aparece el Informe PISA que evalúa la situación de una cincuentena de países en materia educativa. Y como cada tres años, durante un par de semanas, el debate educativo se convierte en un debate central en este país. Un observador externo diría que la educación supone una gran preocupación para los ciudadanos y ciudadanas de España. Nada más lejos de la realidad. En ningún estudio sociológico que se haga sobre las preocupaciones de los españoles/as aparece la educación como un tema importante. Es más, en los últimos tres años de lo único que se ha debatido en este país en el campo educativo ha sido de la religión en la escuela y de la implantación de la materia de educación para la ciudadanía.
lunes, 8 de junio de 2009
REFLEXIONES DEL PASIEGO.
El desarrollo de la Ley de Dependencia en Cantabria, una aproximación crítica.
José Manuel Marañón.
Llevamos más de 2 años desde la aparición en el BOE de La Ley de Dependencia que levantó grandes expectativas en la población que podía ser considerada como sujeto de derecho y en su entorno familiar y social. Se marcaron unos plazos de aplicación y estamos en la fase en la que se tenían que completar las prestaciones para los grados II y III de dependencia.
La ciudadanía se enfrenta estos últimos meses a un rifirrafe político con acusaciones cruzadas. En Cantabria, la oposición denuncia incumplimientos en los que tiene razón, probablemente, pero quizás habría que recordarles que en el período 1996-2004 desperdiciaron la enorme oportunidad de promulgar una ley que avanza tan sustancialmente en los derechos sociales. Por su parte, el Gobierno, también con razón, dice que Cantabria está a la cabeza en grado de aplicación y desarrollo de la Ley, ranking en cuya cola se sitúan Comunidades Autónomas gobernadas por el partido político de la oposición en Cantabria.
Pero, desde CC OO, que saludamos como un enorme avance esta Ley, no podemos por menos que poner encima de la mesa algunas preocupaciones que tenemos en el antedicho desarrollo de la Ley. Preocupaciones que, sucintamente, quiero desgranar a continuación.
En primer lugar, tenemos que decir que, según la encuesta del INE de 2008, en Cantabria había 37500 personas con alguna discapacidad, de las cuáles el 74% tienen dificultades para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Por lo tanto, diremos que 27750 personas en Cantabria pueden ser sujeto del derecho que reconoce la Ley.
En Cantabria se habían cursado, hasta 1de mayo de 2009, 15441 solicitudes, habiéndose realizado hasta el momento 15276 dictámenes. El primer interrogante que tenemos que plantear es qué pasa con el desfase de más de 12000 personas entre las solicitudes hechas y las personas que según la encuesta del INE tienen dificultades con las AVBD. Puede que esas dificultades sean leves y estén esperando que a partir de 2011 puedan tener las correspondientes prestaciones según el calendario de aplicación de la ley o puede que los canales de detección de problemas y de información de derechos por parte de las administraciones no sean lo suficientemente eficientes. Y un último interrogante en este campo puede ser si en esta bolsa de 12000 personas tiene un peso importante el grupo de ciudadanos/as con fuerte riesgo de exclusión social.
En segundo lugar, tenemos que hablar de las prestaciones puestas ya en marcha. CC OO apoyó la Ley, en primer lugar, porque consideraba un avance sustancial para las personas sujetos del derecho y, también, porque podía ser la oportunidad para la creación de una red de centros públicos de atención a la dependencia y de un importante yacimiento de creación de empleo. Para nosotros la ayuda directa al cuidador que, por cierto, es la menos onerosa para la administración, debiera ser una medida subalterna.
En Cantabria, a 1 de mayo, 11483 personas tenían reconocido el derecho a la prestación. Por otra parte, 2340 tienen reconocido el Grado I con el derecho a prestación a partir de 2011 e incluso nos encontramos con 1453 personas a las que nos se les ha reconocido ningún grado de dependencia a pesar de haberlo solicitado.
Pero de esas casi 12000 personas con el derecho reconocido, solo 7840 reciban la prestación de manera efectiva. Y sin nos atenemos a las prestaciones reconocidas, diremos que 373 personas reciben teleasistencia, 653 tienen plaza en centros de día, 2262 reciben atención residencial y 4550 reciben la prestación de pago directo a cuidador/a. Por lo tanto, nos cabe un primer interrogante y una primera afirmación. El interrogante es cuando se va a comenzar a prestar la prestación, valga la redundancia, a esas casi 3000 personas que no la reciben a pesar de tener reconocido el derecho. Y la afirmación es que la medida que desde CC OO considerábamos subsidiaria, el pago al cuidador/a, se ha convertido en la principal. En Cantabria significa el 58% del total de las prestaciones.
Quedan algunas interrogantes más que van desde el nº de centros públicos de atención a la dependencia que se han construido desde principios de 2007 hasta el nº de empleos creados pasando por el incremento del nº de plazas concertadas con las entidades privadas.
Algunas consideraciones para estos interrogantes. Desde CC OO entendemos que cuando hablamos de obras públicas no solamente hay que referirse a las grandes infraestructuras del transporte, sino que en ellas, como es obvio, se incluyen todas aquellas que están destinadas a la mejora del servicio sanitario, educativo o de dependencia, es más, esto genera más empleo que lo otro. Y en cuanto a la creación de empleo en este sector, tiene que ir acompañada por ambiciosos planes de formación de los profesionales dedicados a estas tareas de atención.
Una referencia obligada al tejido asociativo que a lo largo de las tres últimas décadas ha sostenido la atención a las personas dependientes. Si se debe concertar con entidades privadas, estas asociaciones deben de tener prioridad absoluta, puesto que sería un desperdicio social desaprovechar su experiencia. En septiembre de 2008 se publica la orden reguladora de los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados pero quedan pendientes otras normas legislativas y, entre ellas, la cartera de servicios, fundamental para dotar de financiación al sistema y que es clave para que estas asociaciones no se asfixien económicamente y para que estén en condiciones de prestar un buen servicio con profesionales con unas condiciones laborales que son manifiestamente mejorables en relación con las actuales.
En resumidas cuentas, desde CC OO pedimos menos discursos de trazo grueso y más respuestas concretas para los numerosos interrogantes que están sobre la mesa. Una última coletilla. Ni la política de ingresos fiscales del gobierno ni mucho menos la que a voces pide la oposición puede garantizar la suficiencia financiera necesaria para un buen desarrollo de esta Ley.